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Verificación ambiental en Baja California está amañada

El programa de verificación que se aplicará tiene fines meramente recaudatorios

Verificación ambiental en Baja California está amañada desde la concesión, su asignación contractual a una empresa de California es cuestionable y también quedan dudas sobre su verdadera eficiencia.

El proceso de verificación ambiental lanzado por la Secretaría de Economía, Turismo y Medio Ambiente de Baja California esta sumido en la falta de transparencia en su proceso de asignación a concesionarios y en el verdadero fondo del programa.

La tarea de verificar a cientos de miles de autos fue asignada Worlwide Environmental Services, una empressa con sede en California y con graves acusasiones en Jalisco donde también fue beneficiada por el gobierno local.

La concesión fue otorgada a 15 años por encima de propuestas de empresas serias locales.

Recientemente, la COPARMEX en Mexicali fijó su posicion sobre el contrato de concesión a la empresa de California para la verificación ambiental

Verificación ambiental en Baja California es una concesión amañada
Rafael Crosthwaite, presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California

A nombre del sector empresarial organizado de Baja California, conformado por 60 organismos a nivel estatal de diversos sectores productivos, manifestaron su desacuerdo por la manera en que se otorgó la concesión para la verificación de vehículos en el estado.

“Si bien es un tema que expertos en la materia deben avalar y revisar, esta adjudicación representa una afectación directa que por lo menos durante los próximos 15 años, estaremos sujetos y vinculados a pagos forzosos al momento de la adquisición de nuestras placas vehiculares”, señaló Rafael Crosthwaite, presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California.

Indicó que existe un proceso legal para ello y durante éste, el empresariado consideró que la sociedad de Baja Calfornia debe estar enterada de cómo es que se eligió a la empresa asignada.

Y es que a semanas de concluir la actual administración estatal no se pueden otorgar concesiones que traspasan incluso más de dos administraciones siguientes, afirmó el dirigente.

“La sociedad bajacaliforniana no podemos permitir que haya un Fisamex en cada servicio que se preste a la ciudadanía”.

“Así pues, pedimos congruencia en las acciones que se realicen y también un enfoque dirigido a una correcta entrega recepción de los recursos de las distintas dependencias”, subrayó  Crosthwaite.

El programa de verificación que se aplicará tiene fines meramente recaudatorios como lo han expresado en total coincidencia los grupos empresariales que opinan sobre el tema.

Cientos de miles de propietarios de autos tendrán que pagar 600 pesos, de los cuales dos terceras partes serán para la empresa.

Aunque se dice que no se permitirá cicular a los autos que no aprueben, la verdad es que no hay mecanismos legales para impedirlo ni se aplicará la revisión, solo se trata de argumentos para “validar” el fondo del programa.

De la verificación ambiental que viene en Baja California a la que se aplicó en el periodo de Francisco Vega como gobernador, hay solo diferencias de forma, para justificar su aplicación.

La llegada de Marina del Pilar a la gubernatura en Octubre, podría cancelar ésta y otras medidas que aplica el actual gobierno con fines recaudatorios.



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