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FGE y Ayuntamiento de Ensenada fueron omisos lo que derivó en el feminicidio de Rubí Lucero

El ombudsperson puntualizó que los puntos recomendatorios priorizan la atención integral en psicología, psiquiatría o tanatología, previo consentimiento, del hijo, la madre y el padre de Lucero Rubí

SAN QUINTÍN — La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 04/2022, dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), al XXIV Ayuntamiento de Ensenada, así como al Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, por el feminicidio de Lucero Rubí en ese municipio.
El ombudsperson, Miguel Mora, informó que, el 28 de septiembre de 2020, la madre de Lucero presentó una Queja en la oficina de la CEDHBC en San Quintín, en donde señaló a diversas autoridades municipales y de la FGE por las omisiones en las que incurrieron ante las denuncias presentadas por la víctima en contra de su agresor.
En dichas denuncias se señalaron los delitos de lesiones, privación de la libertad y violación, sin que las autoridades implementaran de manera eficiente las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de Lucero Rubí, quien, de manera consecuente, fue víctima de feminicidio el 24 de septiembre de 2020. Cabe mencionar que los hechos referidos fueron ampliamente difundidos por medios de comunicación locales.


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En este tenor, el ombudsperson puntualizó que los puntos recomendatorios priorizan la atención integral en psicología, psiquiatría o tanatología, previo consentimiento, del hijo, la madre y el padre de Lucero Rubí, quienes han sido acreditados como víctimas indirectas. Asimismo, que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas de Baja California.


Por otro lado, la Recomendación también hace hincapié en que la FGE impulse, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California, la elaboración del dictamen correspondiente que determine las medidas para reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas indirectas.


Adicionalmente, se le solicita al Concejo Municipal Fundacional de San Quintín que realice las gestiones necesarias para establecer mesas de trabajo interinstitucionales, cuyo objetivo sea elaborar un diagnóstico situacional sobre la violencia de género en el municipio de San Quintín, debiendo convocar a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema de género.


De igual manera, en un punto recomendatorio se le solicita al Concejo que se consolide la creación del Instituto Municipal de la Mujer de San Quintín, para lo cual, en dicho lapso, se deberán realizar las gestiones necesarias para su creación, es decir, presentar el proyecto correspondiente ante el Congreso del Estado de Baja California, a fin de que se incluya en el presupuesto de egresos de 2023 una partida presupuestal para la creación del Instituto.


En lo que respecta a las garantías de no repetición, en un lugar central se requiere que el Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, así como la FGE y el Ayuntamiento de Ensenada, impartan un curso teórico-práctico a su personal sobre la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Digna Ochoa y Familiares vs México, así como la Recomendación 85/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual deberá ser impartido por una organización civil o institución académica.


En este sentido, Miguel Mora subrayó la necesidad de impulsar acciones afirmativas para la creación de una política pública integral, intercultural e interseccional para la erradicación de la violencia contra la mujer, una tarea que ha sido central para el Organismo y por lo que se solicitó, en su momento, la Alerta de Violencia de Género para Baja California, tomando en cuenta que, si bien la violencia de género parte de causas estructurales e históricas, es necesario visibilizarla para comenzar un efectivo proceso de erradicación.


De manera paralela, el ombudsperson puntualizó que las autoridades deben investigar y sancionar a las personas responsables.


Para finalizar, la CEDHBC saludó a la familia de Lucero Rubí y la comunidad de San Quintín, quienes permitieron documentar las omisiones en las que incurrieron las autoridades. Por lo anterior, el Organismo Público Autónomo reconoce y respalda la exigencia de justicia para Lucero Rubí.


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