
Dictan vinculación a proceso contra Ernesto Ruffo exgobernador de Baja California
Un juez dictó vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra el exgobernador de Baja California, Ernesto N, tras una audiencia de más de 30 horas derivada de investigaciones de la FGR.
Un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, así como a otras siete personas detenidas en el mismo operativo, tras una audiencia judicial que se prolongó por más de 30 horas.
Durante la diligencia, caracterizada por múltiples recesos y privadas deliberaciones, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolvió que existen elementos suficientes para dar curso al proceso penal dictado por la autoridad federal. De igual forma, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exfuncionario estatal deberá llevar su proceso privado de la libertad en el penal federal del Altiplano.
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¿Cuáles son las acusaciones formuladas por la FGR?
La investigación impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR) sitúa a los señalados en un presunto esquema de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
De acuerdo con la información oficial emitida por la representación social, las pesquisas permitieron identificar presuntas maniobras irregulares orientadas a la importación, distribución y venta de productos derivados del petróleo.
El esquema operativo señalado
Según el informe institucional de las autoridades federales, la modalidad investigada corresponde a la introducción de derivados de petróleo al territorio nacional mediante documentación alterada o incompleta en los recintos aduanales.
Este mecanismo habría permitido registrar volúmenes de carga menores a los transportados en realidad, o catalogar los productos bajo fracciones arancelarias distintas, con el propósito de eludir el pago correspondiente de contribuciones fiscales.
El caso continuará sus fases procesales en los plazos fijados por el órgano jurisdiccional, periodo en el que las partes aportarán las pruebas pertinentes para deslindar o ratificar las responsabilidades penales conforme a derecho y bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.
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