MEXICALI.- Las denuncias por acoso sexual en instituciones de educación superior han abierto un nuevo capítulo este lunes.
Alumnas, alumnos, madres y padres de familia de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza (BENUFF) han cerrado las puertas de la institución, exigiendo el despido de Salvador Guerrero Vargas, un catedrático que, acusan, lleva años efectuando insinuaciones a sus estudiantes, en la más completa impunidad.
Dos episodios encendieron la mecha contra Guerrero
El primero, haber sido descubierto por un alumno, mientras grababa a dos alumnas con su teléfono celular, en el marco de un evento deportivo, enfocándoles los glúteos.
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El segundo, acosar a una estudiante, al punto de colocar notas en su banco, donde la llama “amor” y, de acuerdo con el testimonio de la víctima, seguirla incluso al baño.
Lo más serio del caso es que las autoridades educativas ya saben que Guerrero es un acosador y no hacen absolutamente nada.
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Así lo confirmó, ante los reporteros apostados en el lugar, un funcionario que se identificó como Brian Ramos, diciendo ser “asesor de la dirección de escuelas normales del estado”.
Ramos fue enviado a negociar con los padres, para que abrieran el plantel, lo que se logró cuando el “asesor” dijo que Guerrero había sido suspendido.
En las rejas de la institución, colgaban carteles que rezaban frases como “Salvador Guerrero, fuera por acosador” y “queremos seguridad para nuestras hijas”.
A partir del 27 de noviembre pasado, han detonado las denuncias por acoso en instituciones educativas, luego de que alumnas de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC colocaran un tendedero para que las estudiantes manifestaran si eran víctimas de acoso.
Se colgaron 40 denuncias y varios maestros de la citada escuela aparecían involucrados, con tres directivos incluidos, antes de que el director Rodolfo Martín Gómez Castellanos lo mandara quitar.
La BENUFF es dirigida por una mujer, Edurne Alonso Fierro, quien ha sido indiferente ante las acusaciones contra Guerrero, de acuerdo con los padres.
Tanto las afectadas como sus progenitores han presentado ya las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado, donde, sin embargo, tampoco les han prestado mucha atención e, incluso, los enviaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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