Presunto fraude por inmobiliaria Santa Fe deja en incertidumbre a familias

Un presunto fraude por inmobiliaria Santa Fe mantiene en incertidumbre a cientos de familias de las zonas de San Antonio y Santa Fe, en Tijuana, que denunciaron posibles irregularidades en la compra de terrenos adquiridos mediante contratos y pagos en dólares. Este martes, personas afectadas se manifestaron afuera de las oficinas de Brisas de Santa Fe para exigir información clara sobre la legalidad de los predios y la certeza de su patrimonio.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los residentes acudieron a las oficinas ubicadas sobre la avenida José Clemente Orozco y el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada, con la intención de recibir atención o renovar contratos relacionados con sus terrenos. Sin embargo, el inmueble se encontraba cerrado y con sellos de clausura colocados desde el pasado 2 de abril.

Entre las principales preocupaciones de las familias está la posibilidad de haber sido víctimas de un esquema irregular de comercialización de predios. Los inconformes señalaron que hicieron pagos iniciales cercanos a los 28 mil dólares, además de mensualidades de 200 dólares, pero ahora desconocen si las operaciones cuentan con respaldo legal suficiente.

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Presunto fraude inmobiliaria Santa Fe: qué denuncian vecinos, qué se sabe y qué sigue

El caso del presunto fraude inmobiliaria Santa Fe ha escalado luego de que residentes advirtieran que existe una investigación oficial en curso y versiones sobre la posible relación de su caso con una persona detenida recientemente. A esto se suma la falta de atención en las oficinas y la preocupación de quienes ya habitan o invirtieron en esos terrenos. Para las familias, el centro del problema es claro: quieren saber si los contratos firmados, los pagos realizados y la venta de predios se hicieron conforme a la ley.

Miguel Ángel Aguilar González, uno de los afectados, explicó que el temor creció después de que se conociera información sobre una carpeta de investigación en la que se advertiría un posible fraude. Según lo expresado por los colonos, una persona se ostenta como propietaria de los terrenos, mientras que las autoridades habrían detectado inconsistencias relacionadas con la documentación de propiedad y con la ausencia de registros de pagos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La preocupación no se limita a unos cuantos casos. Otra residente, con alrededor de cuatro años viviendo en la zona, afirmó que cerca de 400 familias podrían encontrarse en una situación similar. Por ello, pidieron a la Fiscalía General del Estado y a otras autoridades que aceleren las investigaciones y determinen con claridad la situación jurídica de los predios.

Familias piden certeza legal sobre terrenos en Santa Fe

Las personas afectadas insistieron en que no buscan confrontación, sino respuestas. Su principal exigencia es conocer si los terrenos que compraron tienen sustento legal y si existe riesgo real de perder lo que han pagado durante años.

En la protesta también señalaron que muchas familias invirtieron sus ahorros con la intención de construir una vivienda o asegurar un patrimonio. La falta de información, dijeron, ha generado incertidumbre y preocupación, sobre todo porque las oficinas a las que acudían para sus trámites permanecen cerradas.

Presunto fraude inmobiliaria Santa Fe: denuncias ya fueron presentadas

Las denuncias por este caso fueron presentadas el pasado 6 de abril ante la Fiscalía General del Estado. Un día después, este martes, los afectados volvieron a reunirse para dar seguimiento y hacer visible su inconformidad ante medios de comunicación.

Hasta ahora, la demanda central de los residentes es que las autoridades esclarezcan si hubo fraude, quiénes serían responsables y cuál será la ruta legal para proteger a las familias involucradas. Mientras eso ocurre, decenas de personas siguen sin una respuesta clara sobre el futuro de los terrenos que adquirieron en San Antonio y Santa Fe.

En un contexto donde el acceso a la vivienda y la compra de predios suelen representar el esfuerzo de años, el caso ha encendido alertas entre residentes de esa zona de Tijuana, quienes ahora piden no solo investigación, sino acciones concretas para garantizar seguridad jurídica.