Diez años buscando a su hija: La lucha de Bianeth Pliego frente a la omisión oficial

El 31 de marzo de 2016 marcó el inicio de una búsqueda que cumple una década. Ese día, la hija de Bianeth Pliego, de apenas dos años de edad, salió en compañía de su padre a comprar alimentos y no regresó al domicilio familiar. Desde entonces, el caso ha evidenciado vacíos legales e institucionales que obstaculizan la localización de menores en contextos familiares.

La primera barrera: La negativa de la Alerta Amber

Tras la ausencia de la menor, el progenitor cortó comunicación telefónica y abandonó su centro de trabajo. De acuerdo con el testimonio de Pliego, al presentarse ante las instancias ministeriales, las autoridades determinaron que no existía un delito que perseguir bajo el argumento de que la niña se encontraba con su padre biológico, negando inicialmente la activación de los protocolos de Alerta Amber.

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Frente a la inacción inicial de las corporaciones investigadoras, la madre recurrió a labores de rastreo independientes, recabando indicios en diversas entidades del país.

Localización en Guanajuato y revictimización en 2022

Seis años después de la sustracción, en 2022, las indagatorias ciudadanas permitieron ubicar a la menor en una localidad del municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Para entonces, la niña tenía ocho años.

Sin embargo, fallas y demoras en los protocolos de aseguramiento e intervención de las autoridades locales permitieron que el padre volviera a trasladarse con ella a un punto desconocido. Fue hasta el 5 de mayo de 2022 cuando finalmente se formalizó la emisión de la Alerta Amber a nivel nacional, junto con el hallazgo de registros civiles que sugerían el uso de una segunda identidad con documentación alterada.

La pista en Ciudad de México y la exigencia de resultados

En 2024, el caso tomó un giro luego de que Pliego identificara al padre en un reporte informativo sobre detenciones por presunto robo de vehículos en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Pese a este elemento en manos de las autoridades ministeriales, el paradero de la menor continúa sin determinarse. La madre sostiene la exigencia de una coordinación real entre fiscalías estatales para ejecutar las órdenes correspondientes y garantizar el derecho de la menor a su identidad y entorno familiar.