Ordena Marina del Pilar revisión de todo contrato de gobierno

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.— En apego a los lineamientos de rendición de cuentas y vigilancia institucional, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado verificar posibles antecedentes contractuales con las firmas señaladas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los expedientes correspondientes fueron remitidos de forma directa a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para la apertura de las revisiones administrativas pertinentes.

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Intercambio de recién nacidas fue un error humano y aislado

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Marco jurídico y revisión técnica de contratos

La titular del Ejecutivo estatal explicó que las adquisiciones institucionales se realizan con estricto apego a las constancias oficiales y al padrón de proveedores disponible al momento de cada licitación pública.

“El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control”, puntualizó la mandataria, descartando que se puedan imputar responsabilidades administrativas retroactivas sin una base documental previa.

Veto inmediato a empresas señaladas por autoridades

Como medida de control interno, el Poder Ejecutivo de Baja California estableció que, a partir de este momento, cualquier persona física o moral bajo señalamiento formal de dependencias investigadoras nacionales o extranjeras quedará excluida de procedimientos de contratación pública en la entidad, hasta que su situación legal sea formalmente solventada.

La directriz busca blindar el patrimonio público y garantizar que ningún recurso estatal comprometa la legalidad de los procesos administrativos.

Seguridad institucional y autonomía de la Fiscalía

En lo relativo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la administración estatal precisó que los contratos celebrados se limitaron al suministro de bienes de equipamiento e infraestructura técnica. Se enfatizó que el manejo, operación y resguardo de las bases de datos criminalísticas y ciudadanas corresponde únicamente a personal acreditado de las corporaciones locales, sin acceso externo alguno.

Asimismo, se recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejerce autonomía técnica y presupuestal, por lo que gestiona sus propios procesos administrativos y de archivo documental con independencia del Poder Ejecutivo.

“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, concluyó Avila Olmeda.