Suman 54 denuncias penales por presunta corrupción en Baja California; 28 ya fueron judicializadas

El Gobierno de Baja California reportó un total de 54 denuncias penales por presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, de las cuales 28 ya se encuentran judicializadas ante tribunales competentes, informó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

El informe sitúa a la entidad entre las diez del país en armonizar su marco legal mediante reformas constitucionales y leyes secundarias en materia de anticorrupción y buen gobierno, coordinadas con el Sistema Nacional de Transparencia.

Casos ante la justicia y rendición de cuentas

Las acciones legales derivan de auditorías y revisiones administrativas que detectaron presuntos desvíos de responsabilidades en distintas dependencias del Estado. La titular del Ejecutivo estatal señaló que las 28 causas judicializadas buscan determinar responsabilidades individuales conforme a derecho y deslindar sanciones penales a quienes hayan cometido faltas en la función pública.

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Digitalización para reducir intermediarios en trámites

Como medida preventiva, la administración estatal aceleró la migración tecnológica de servicios gubernamentales. A la fecha, más de 400 trámites pueden gestionarse en línea a través de la Ventanilla Digital y el Modelo Único de Atención Ciudadana (MUAC).

Este esquema reduce los tiempos de espera y el contacto presencial innecesario, eliminando espacios para la intermediación irregular. El sistema cuenta además con módulos de soporte vía videollamada que incorporan Lengua de Señas Mexicana y traductores de lenguas originarias.

Supervisión ciudadana en los siete municipios

En el ámbito preventivo y de supervisión, las Unidades Móviles para la Atención a Quejas y Denuncias han registrado más de 42 mil intervenciones directas con ciudadanos en los siete municipios de Baja California.

Dichos módulos operan como canales de denuncia anónima para señalar irregularidades de funcionarios en ventanilla, retrasos injustificados o posibles actos de cohecho en dependencias públicas.

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