ARGENTINA.- Familia le pide a un juez ordenar el tratamiento para un abuelito con dióxido de cloro, y tras la aplicación muere en el Sanatorio Otamendi ubicado en Buenos Aires.
Fue el juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, quien exhortó al centro médico a suministrar dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio, en nebulizaciones al paciente con covid-19 de 92 años.
Su fallo jurídico fue tras una petición expresa de la familia del abuelito y basado en una prescripción del médico que le atendía de forma particular, pero causó el rechazo inmediato ya que el dióxido de cloro es una substancia prohibida por las autoridades sanitarias.
Ahora los familiares del abuelito pretenden denunciar al Sanatorio Otamendi por un delito de "homicidio culposo", porque la clínica "dilató el tratamiento".
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El fallo emitido por el juez detalla que su mandato de administrar dióxido de cloro e ibuprofenato de sodio era "de urgente realización", porque el tratamiento podía "mejorar el diagnóstico" e incluso "salvar la vida del paciente".
Sin embargo, el dióxido de cloro fue señalado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y por la Sociedad Argentina de Infectología (SAI), como una sustancia muy peligrosa.
Dicho dictamen generó inquietud porque podría generar jurisprudencia para recetar, con apoyo de los tribunales, tratamientos que no están validados por las autoridades sanitarias.
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