Ingemar: red de huachicoleo operaba con respaldo de agentes aduanales

CIUDAD DE MÉXICO.– La empresa Ingemar, propiedad de José Merino Valdés Cuervo y vinculada a figuras empresariales y políticas como Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro y el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es señalada como uno de los principales actores en el tráfico ilegal de combustibles desde Estados Unidos hacia México, con la presunta complicidad de personal de Aduanas.

De acuerdo con información revelada por El Universal, la compañía habría falseado bitácoras para hacer pasar hidrocarburos como “desperdicios de combustible” o “aceite quemado de baja calidad”. Sin embargo, las inspecciones con rayos X demostraron que los carrotanques venían cargados al 100% con gasolina y diésel, lista para su venta en territorio nacional.

---

Abuela pierde la vida tras ser atropellada; sus dos nietos resultan lesionados

---

La red de traslados ilegales quedó expuesta en una serie de decomisos históricos:

• 15 de junio de 2025: 3 millones de litros asegurados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
• Ese mismo mes: 4 millones 80 mil litros incautados a 34 carrotanques en Matamoros y San Luis Potosí.
• 7 de julio: megadecomiso de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros.
• 21 de julio: 17 carrotanques con 2 millones 40 mil litros retenidos en Matamoros.

En total, 24 millones de litros fueron asegurados en cuatro operativos, de los cuales 9 millones pertenecían directamente a unidades de Ingemar.

La compañía, fundada en octubre de 2018, inició con actividades ajenas al sector energético, pero en abril de 2019 modificó su objeto social para incursionar en el mercado de hidrocarburos. Pese a carecer de experiencia e infraestructura, en 2023 obtuvo de la Secretaría de Energía un permiso excepcional para importar 500 millones de litros de combustibles, una medida que generó alarma en la industria, ya que miles de permisos similares permanecían congelados.

Actualmente, los carrotanques decomisados se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Autoridades de México y Estados Unidos mantienen un intercambio de información para desarticular la red, mientras crecen las dudas sobre el respaldo oficial que permitió a Ingemar operar a gran escala.