
Inés Gómez Mont acumula tres órdenes de aprehensión en México
La FGR confirmó tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont por delincuencia organizada y peculado. En paralelo, la justicia federal de Florida analiza un recurso sobre su situación migratoria.
La exconductora enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, a la par de un litigio migratorio en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exconductora de televisión Inés Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, además de los mandamientos judiciales, a la imputada se le atribuye la recepción de recursos de procedencia no justificada y la presunta evasión fiscal de 13 millones de pesos.
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Proceso legal y custodia migratoria en Florida
En el ámbito internacional, Gómez Mont permanece bajo resguardo de autoridades migratorias en el estado de Florida, Estados Unidos. Su defensa legal interpuso un recurso de hábeas corpus con el objetivo de impugnar las condiciones y la validez legal de su retención en territorio estadounidense.
El juez federal Jeffrey T. Kuntz admitió a trámite el recurso constitucional y requirió formalmente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que rinda un informe pormenorizado sobre el estatus y fundamento de la custodia antes de resolver el fondo de la petición.
Antecedentes de la investigación
Las indagatorias ministeriales en México vinculan tanto a Gómez Mont como a su cónyuge, Víctor Manuel “N”, con esquemas financieros que habrían facilitado el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos pertenecientes a la administración pública federal, específicamente relacionados con asignaciones de la Secretaría de Gobernación.
Ambos involucrados cuentan con investigaciones abiertas y continúan sujetos a los procedimientos legales correspondientes, preservando su derecho al debido proceso.
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