Gobierno de México dice que red de empresas beneficiadas por el INE no nació con Taddei

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo pública una investigación sobre un entramado corporativo que presuntamente acaparó contratos públicos para la fabricación de material electoral, acumulando más de dos mil 700 millones de pesos entre 2015 y 2025, pero que trascendió por videos difundidos que involucran a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE.

De acuerdo con el informe oficial, sustentado en registros de Compranet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, el esquema operó mediante compañías vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuya administración fue delegada posteriormente a familiares directos.

Contratos millonarios en institutos electorales locales

La concentración del gasto se dio principalmente en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs):

• Periodo 2015-2023: Asignación de más de dos mil 94 millones de pesos en 23 entidades federativas.
• Periodo 2024-2025: Operación continua en 15 estados, sumando 646.3 millones de pesos adicionales.

El informe sitúa el origen de los proveedores en la década de 1980 dentro de dependencias de seguridad y gobernación federal, dando el paso al sector de proveeduría electoral a finales de los noventa. Entre las razones sociales identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.

El modus operandi: simulación y prestanombres

Las indagatorias técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detallan tres irregularidades estructurales:

1. Competencia simulada: Varias razones sociales pertenecientes a la misma red participaban de manera simultánea en licitaciones, coordinando precios previamente para asegurar los fallos a favor del grupo.
2. Estructura sin capacidad técnica: Sociedades que operaban sin personal formalmente registrado ante las autoridades laborales y compartiendo direcciones fiscales e infraestructura telefónica.
3. Dispersión de recursos: Transferencias encadenadas hacia empresas secundarias para dificultar el rastreo de los fondos, recurriendo al uso de registros a nombre de terceros de edades que iban de los 18 hasta los 96 años.

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Fiscalización en manos de órganos autónomos

Al haberse celebrado estos convenios con el Instituto Nacional Electoral y diversos OPLEs —instituciones que cuentan con autonomía técnica y de gestión—, las sanciones administrativas dependerán de las resoluciones del Poder Legislativo, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de los respectivos órganos internos de control.

Por su parte, las autoridades hacendarias mantienen abiertas las carpetas de investigación por presunta facturación simulada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.