Gobierno de Baja California fija postura ante publicaciones de la OFAC de EE. UU.

El Gobierno del Estado de Baja California emitió un posicionamiento oficial respecto a la información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en la que se incluyen menciones a particulares en la región fronteriza.

A través de un comunicado formal de cinco puntos, el Ejecutivo estatal deslindó a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda de las personas sancionadas por Washington y anunció medidas de control interno para descartar irregularidades administrativas en la administración local.

1. Situación legal y deslinde patrimonial

En primera instancia, el documento oficial puntualizó que la gobernadora se encuentra legalmente divorciada de Carlos Torres Torres, precisando que el único vínculo que conservan corresponde a la responsabilidad compartida en el cuidado de su hijo.

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Asimismo, la administración aclaró que Avila Olmeda no forma parte de ninguna lista de sanciones emitida por la autoridad estadounidense y que su situación patrimonial se encuentra debidamente reportada ante los órganos fiscalizadores correspondientes:

• Sin bienes en el extranjero: La mandataria no posee cuentas bancarias ni propiedades fuera del territorio mexicano.
• Declaración patrimonial: Sus activos están registrados y declarados en su totalidad ante las autoridades competentes en México.

2. Auditoría a contratos y empresas señaladas

Como medida preventiva e institucional, la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a iniciar una revisión inmediata sobre el padrón de proveedores y contratistas para verificar si alguna de las empresas mencionadas por la OFAC prestó servicios o celebró convenios con el Gobierno de Baja California.

De localizarse registros, dichos expedientes serán turnados directamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que proceda conforme al marco legal aplicable.

3. Responsabilidad legal individual

El comunicado concluyó subrayando que las personas aludidas por las instancias del gobierno estadounidense deberán atender su situación jurídica de manera personal e individual ante los tribunales y agencias pertinentes, las cuales serán las encargadas de informar los avances del caso.

El Gobierno del Estado reiteró que no fungirá como vocero ni emitirá declaraciones a nombre de terceros, manteniendo su enfoque de trabajo en las prioridades de desarrollo, seguridad y bienestar social de Baja California.