Expulsan de Argentina a Fernando Farías, presunto operador de red de “huachicol fiscal” con nexos en Baja California

La Fiscalía General de la República (FGR) concretó el traslado a territorio mexicano de Fernando “N”, tras un acuerdo de expulsión emitido por el gobierno de Argentina. El imputado es señalado como presunto operador de una estructura delictiva dedicada a la importación y distribución ilícita de hidrocarburos vía marítima, modalidad conocida como “huachicol fiscal”.

Tras su arribo a México, Fernando Farías será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal de “El Altiplano”, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La conexión de la red criminal con Baja California y el modus operandi

Las indagatorias iniciadas por el Ministerio Público de la Federación tomaron fuerza tras una serie de aseguramientos estratégicos. Entre ellos destacó la intercepción de un buque en el puerto de Ensenada, Baja California, con cerca de ocho millones de litros de combustible ingresados de forma irregular al país, hecho similar al registrado previamente en Altamira, Tamaulipas.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la red criminal utilizaba buques tanque para ingresar derivados del petróleo a puertos mexicanos haciéndolos pasar por aceites y aditivos industriales, con lo que lograban evadir el pago de aranceles e impuestos.

Para completar la cadena de distribución, el grupo delictivo recurría a la manipulación de pedimentos aduanales, revisiones simuladas y complicidad de agentes aduanales corruptos. Posteriormente, el hidrocarburo era trasladado en autotanques y comercializado mediante empresas legalmente constituidas para integrarlo a estaciones de servicio e ingresar las ganancias al sistema financiero.

Detenciones y aseguramientos millonarios

El seguimiento de inteligencia coordinado entre la FGR, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dependencias internacionales arrojó la emisión de fichas rojas de Interpol y órdenes de aprehensión en cinco entidades: Baja California, Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México.

El balance de las acciones operativas contra este grupo incluye:

• 16 personas detenidas en total, entre ellas 12 ex servidores públicos.
• Aseguramiento de 86 pipas y 29 autotanques.
• Incautación de tres inmuebles y millones de litros de combustible.
• Una afectación económica estimada en más de 340 millones de pesos a la estructura delictiva.

El Ministerio Público Federal mantiene abiertas las líneas de investigación para cumplimentar mandamientos judiciales adicionales contra socios, accionistas y apoderados legales vinculados a las empresas receptoras del combustible.