Entregó BC Cuarto Informe sobre financiamiento para obra hídrica y equidad de género

MEXICALI.- En una acción de rendición de cuentas, el Gobierno del Estado de Baja California, mediante la Secretaría de Hacienda, entregó ante la XXV Legislatura del Congreso Local el Cuarto Informe sobre el uso de los recursos captados a través de financiamientos sostenibles y con perspectiva de género.

El documento oficial fue recibido por las Comisiones Unidas de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto, dando seguimiento a los acuerdos aprobados por el Poder Legislativo el pasado mes de junio.

Más de 5 mil millones de pesos para combatir la escasez de agua

Dentro del desglose financiero, la administración estatal destacó la ejecución de recursos provenientes del Primer Bono Verde, por un monto de 3 mil millones de pesos, a los que se suman 2 mil 960 millones de pesos derivados del Segundo Bono Verde.

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Estos capitales están orientados a solventar el rezago en la infraestructura hídrica de los municipios del estado, modernizar la red de distribución hidráulica y garantizar el suministro de agua potable para las familias bajacalifornianas ante los retos del estrés hídrico regional.

Impulso a proyectos para mujeres en Baja California

En materia de igualdad sustantiva, el reporte detalla el ejercicio de 500 millones de pesos asignados al denominado Bono de Género. Este instrumento financiero busca respaldar proyectos enfocados en la inclusión económica, el desarrollo de emprendimientos, la erradicación de la violencia de género y la reducción de la brecha de desigualdad en las comunidades del estado.

Por su parte, el secretario de Hacienda de la entidad, José Andrés Pulido Saavedra, puntualizó que la implementación de estos instrumentos financieros responde a la confianza del sector bancario en la estabilidad del estado, permitiendo estructurar esquemas con tasas competitivas y destinos etiquetados.

Asimismo, la dependencia estatal resaltó que tanto los Bonos Verdes como el Bono de Género cuentan con la vigilancia de Comités Técnicos de Inversión independientes para fiscalizar que la ejecución de las obras se apegue estrictamente a los proyectos aprobados por el Congreso.