Gobierno de Baja California dará asesoría legal a trabajadores despedidos de Telnor

Alrededor de 200 empleados sindicalizados de Teléfonos del Noroeste (Telnor) fueron notificados de su despido en Baja California, situación que derivó en la intervención de la administración estatal para brindar asesoría y acompañamiento legal, aun cuando la resolución del litigio corresponde formalmente a la Federación.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda precisó que, debido a la naturaleza de las concesiones de telecomunicaciones y el alcance del acuerdo gremial, el caso trasciende la jurisdicción local. No obstante, afirmó que su administración mantendrá comunicación directa con las partes para proteger los derechos de la base trabajadora.

“Reiteramos que no es un tema del ámbito estatal, es del ámbito federal, pero damos acompañamiento a estos empleados; se está trabajando con el sindicato, trabajadores y áreas competentes para buscar la mejor alternativa”, subrayó la mandataria.

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Conflicto colectivo abarca Baja California y Sonora

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Juan Manuel Martínez Verdeja, detalló que el origen de la controversia radica en un presunto incumplimiento a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo vigente.

El funcionario puntualizó que el marco legal del acuerdo colectivo involucra centros operativos tanto en Baja California como en Sonora (incluida la zona de Sonoyta), circunstancia jurídica que ubica el diferendo bajo la tutela de tribunales laborales federales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel nacional.

Martínez Verdeja confirmó que la dependencia estatal abrió mesas de diálogo informativas con los representantes sindicales para conocer sus demandas, al tiempo que contactó a directivos de la empresa telefónica, quienes indicaron que se mantienen activas las negociaciones en torno a convenios adicionales.

Aclaran financiamiento de campaña electoral

Durante la misma conferencia de prensa, Ávila Olmeda respondió a publicaciones de medios nacionales sobre presuntas irregularidades en los fondos de su campaña a la gubernatura de Baja California.

La jefa del Ejecutivo estatal desestimó los señalamientos al asegurar que la totalidad de los ingresos y egresos de dicho proceso proselitista fueron reportados ante las autoridades competentes.

“El financiamiento que recibí está declarado ante los órganos electorales; en su momento se declaró, se subió y se dio de alta como lo establece la propia ley. Cualquier financiamiento que se recibió está dentro del margen legal”, concluyó.

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