Dan 178 años a violador de menores

AGENCIAS.-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato dio a conocer que se sentenció a 178 años de prisión a Alejandro “N” por el delito de violación y aborto en agravio de dos menores de edad.

Por medio de un comunicado en redes sociales, las autoridades informaron que se pudo probar la responsabilidad por los delitos de violación espuria, violación genérica calificada y aborto, en contra de dos niñas, en el municipio de Celaya, en Guanajuato.

El Agente del Ministerio Público (MP) con especialización de litigación, en juicio oral, presentó las pruebas necesarias que demostraron la responsabilidad del sujeto en los crímenes que se acusaban.

Se van a tener que restringir actividades reconoce Pérez Rico

A las víctimas se les sometió a pruebas científicas que ayudaron a demostrar las acusaciones, por lo que el Juez le dictó sentencia al violador, además del pago de una multa como reparación del daño causado a las víctimas.

El violador chantajeó a las menores y a una la hizo abortar

Las pruebas demostraron que Alejandro “N” utilizó el chantaje emocional, la coerción, el engaño y la manipulación para crear una relación habitual incestuosa con las dos menores de edad.

Ambas decidieron denunciar ante el MP, donde se les canalizó a la Unidad de Atención Integral para las Mujeres (UNAIM) de la Fiscalía Regional C, la cual brindó atención médica, psicología y todo el acompañamiento legal.

A través de indagatorias, se reveló que las conductas abusivas no se limitaron a actos aislados, sino que se repitieron durante los últimos dos años.

Estos incluyeron contacto físico y una serie de circunstancias que se provocaron penas más estrictas contra el sujeto.

Alejandro “N” violó a una niña desde 2017, lo cual realizó en reiteradas ocasiones y en consecuencia resultó embarazada, por lo que en octubre de 2018, la obligó a tomar medicamento en forma de pastillas que le provocaron a la infante una expulsión del producto de gestación.

Estas acciones lograron ser probadas gracias a las pruebas científicas recabadas por el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal, por lo que la autoridad competente le impuso la sentencia señalada con anterioridad.