TIJUANA.- Con la finalidad de llevar a cabo el proceso de certificación para el “Sistema de Desviación de Flujos del Rio Tijuana” y rehabilitar el “Interceptor Internacional Fase I”, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, (CESPT) coordinó la primera reunión del Comité Ciudadano en base a lo establecido por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para los proyectos antes referidos.

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Así lo dio a conocer el director General de CESPT, Ing. Eliel Vargas Pulido, quien recordó que para poder acceder a recursos del BDAN, es necesario que el Comité Ciudadano entere al mayor número de habitantes posibles que se benefician con las obras, los aspectos técnicos y financieros, ambientales y de salud de estos proyectos, que opinen y los apoyen.


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A dicha reunión asistieron de manera virtual los representantes del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Gonzalo Bravo, Director Adjunto de Relaciones Institucionales; y Toribio Cueva, Encargado de Proyectos del Banco, así como: miembros del Comité que preside María Guadalupe Morales; igualmente, Evelia Margallón, Esther Verónica Chavarría Aguirre, Victoria Rojas Mónico y Pablo Antonio Ramírez Mota.

Como se recordará, el objetivo principal del BDAN es facilitar el financiamiento para el desarrollo, la ejecución y la operación de proyectos de infraestructura ambiental ubicados en la región fronteriza, entre México y Estados Unidos, y certificados por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).

Uno de los requisitos para esta certificación es llevar a cabo dos consultas públicas ciudadanas para explicar el alcance del proyecto que se llevará a cabo, con la finalidad de obtener recursos a fondo perdido.

El proyecto a certificar en este caso es el “Sistema de Desviación de Flujos del Rio Tijuana” y la rehabilitación del “Interceptor Internacional Fase I” y la idea es que el Comité Ciudadano, trabaje de la mano con CESPT y el BDAN para que se cumpla con la normatividad que se necesita para que el Banco administre y otorgue los recursos financieros que pone a disposición la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA por sus siglas en ingles) para poder realizar las obras en beneficio de la población.


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