CIUDAD MÉXICO.-El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, prepara modificaciones legales para impedir que jueces y ministros desbloqueen cuentas financieras relacionadas con delitos de lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada sin que haya un juicio de fondo.
El caso más reciente que ilustra esta problemática es el de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes, a pesar de contar con una orden de aprehensión en su contra, fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por orden del Poder Judicial. Esta decisión les permitirá acceder nuevamente al sistema financiero nacional sin restricciones.
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Congelamiento de cuentas: un mecanismo debilitado
La UIF ha señalado que la LPB es una herramienta preventiva para evitar que recursos de origen ilícito continúen integrándose a la economía nacional. No obstante, el titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que, entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, las instituciones financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, de los cuales 23 mil 575 millones han sido desbloqueados por resolución judicial.
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Ante esta situación, Sheinbaum enfatizó la necesidad de reformar la Ley de Amparo y otras normas de procedimiento, ya que en muchos casos los jueces otorgan suspensiones provisionales sin analizar el fondo del asunto, permitiendo que los recursos sean liberados de inmediato.
“Cuando hay evidencia de lavado de dinero, ya sea por corrupción, delitos de cuello blanco o delincuencia organizada, y se liberan las cuentas sin un juicio de fondo, eso se llama corrupción”, declaró la mandataria.
Más de 6,500 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas
De acuerdo con los datos de la UIF, actualmente hay 6,545 sujetos en la LPB, entre personas físicas y morales. Desde diciembre de 2018, se han incluido a 7,815 personas y empresas, mientras que 1,270 han sido eliminadas.
El objetivo de la reforma sería garantizar que el desbloqueo de cuentas solo ocurra cuando se demuestre que la inclusión en la lista fue resultado de una mala interpretación de la UIF y no por una decisión judicial tomada sin un análisis profundo.
El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga pone en evidencia las lagunas legales que permiten que personas investigadas por delitos financieros recuperen el control de sus recursos sin enfrentar un juicio. Las modificaciones anunciadas buscan cerrar esos vacíos y reforzar el combate a la corrupción y el lavado de dinero en México.
