
Vinculan a proceso a padres por homicidio agravado de menor de dos años
Un Juez de Control dictó prisión preventiva justificada contra Héctor “N” y Kitzia Yahaira “N” por homicidio agravado por parentesco, violencia familiar y omisión de cuidado tras el deceso de su hijo de dos años en la Clínica 31 del IMSS.
Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Héctor “N” y Kitzia Yahaira “N”, tras determinarse su probable responsabilidad en la muerte de su hijo de dos años y 11 meses de edad en Mexicali, Baja California.
Los imputados enfrentan cargos formales por homicidio agravado por razón de parentesco consanguíneo, violencia familiar y omisión de cuidado, luego de que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género aportó los elementos probatorios iniciales durante la audiencia judicial.
Contradicción en la versión de los hechos
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el jueves 8 de octubre, fecha en la que ambos señalados ingresaron al infante a las instalaciones de la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el área de urgencias, los padres manifestaron que el menor había sufrido una caída accidental en su domicilio.
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No obstante, el dictamen del personal médico descartó la versión de un accidente doméstico. Los especialistas confirmaron que la víctima presentaba un cuadro severo de desnutrición, traumatismo craneoencefálico, hematomas en la región cefálica y múltiples contusiones en el rostro, compatibles con el síndrome del niño maltratado, condiciones que le provocaron un paro cardíaco.
Situación legal y plazo de investigación
Tras ser notificada de la situación médica del menor, la policía aseguró a la pareja en las inmediaciones del nosocomio y los puso a disposición de la autoridad ministerial para dar inicio al proceso penal correspondiente.
Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional consideró suficientes las pruebas periciales y testimoniales presentadas por la representación social, ratificando la medida de prisión preventiva justificada. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el desahogo de las diligencias e investigaciones complementarias por parte de la Fiscalía General del Estado.
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