“Temo por mi vida”: Víctima denuncia negligencia de la FGE en caso contra líder empresarial de Tijuana

TIJUANA.— Eloína Gómez, víctima de un presunto abuso sexual ocurrido hace un año y medio, hizo un llamado público de auxilio ante lo que describe como una sistemática falta de atención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). La denuncia señala directamente al actual presidente de una cámara empresarial en Tijuana.

En un encuentro con medios de comunicación, la afectada detalló que la agresión ocurrió en la oficina del señalado cuando ella se desempeñaba como su empleada. A pesar de haber iniciado el proceso legal desde hace meses, Gómez asegura que no ha habido avances sustanciales en la investigación.

Acusa amenazas y ofertas de dinero

La denunciante relató que, tras interponer la denuncia, ha sido blanco de presiones externas para frenar el proceso judicial.

“Me ha ofrecido dinero, sí me ha buscado, sí me ha amenazado. La verdad sí temo, porque son amenazas fuertes. Me han dicho que me comunique con él para arreglar esto por medio de dinero. Solamente me dijo que cuánto yo quería”, expresó.

Además, señaló que cuando acude a la Fiscalía para integrar estas nuevas pruebas o documentar el acoso recibido, el personal administrativo le informa que “no hay sistema”, impidiéndole el acceso a su propio expediente y vulnerando su derecho a la justicia.

---

Baja California se consolida como referente en Bienestar Animal: Penas de hasta 8 años por maltrato

---

Un llamado a la Gobernadora

Gómez enfatizó que no es la única víctima del empresario, pero que otras mujeres no denuncian por el enorme poder e influencia que el hombre ostenta en la ciudad. Ante la desconfianza en la operatividad de la FGE, hizo una petición directa a la gobernadora de Baja California:

“Hago un llamado a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para que intervenga en mi caso. Temo por mi vida, yo trabajé muchos años con él y sé de lo que es capaz”.

La denunciante reiteró que no busca una compensación económica, sino que se aplique la ley y se garantice su seguridad personal ante las advertencias de que “ella no podría contra él”. El caso pone nuevamente en el centro del debate la eficacia de los protocolos de protección para mujeres víctimas de violencia en el entorno laboral y la presunta protección de figuras influyentes en la región fronteriza.