TIJUANA.- Como improcedente determinó el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California la solicitud de medidas cautelares interpuesta por la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana.
La solicitud fue realizada por María del Carmen Espinoza Ochoa bajo el expediente RI-25/2020/ del TJE luego de que el Cabildo de la ciudad le negara la contratación de varios elementos, entre ellos Jesús Antonio Chávez Hoyos, su asesor y la compra de tres vehículos nuevos.
Mediante sesión virtual los magistrados Elvia Regina Jiménez Castillo, Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas rechazaron unánimemente la solicitud de Espinoza Ochoa por considerar que no era procedente.
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“La medida resulta improcedente pues no se logra advertir hechos que justifiquen su concesión como lo sería un riesgo a la integridad física o el menoscabo de sus derechos de manera irreparable”, se advirtió durante la sesión.
Cabe recordar que la Síndica Procuradora interpuso el recurso por considerar que era víctima de violencia política por razón de género por parte del cuerpo edilicio y del alcalde Arturo González Cruz.
También se inconformó por no obtener la aprobación para contratar personal, algunos de los cuales reciben sueldos de entre 40 y 60 mil pesos así como el rechazo para comprar tres vehículos para uso de la dependencia.
Con la determinación se libera al Cabildo y al alcalde de Tijuana de los señalamientos de Espinoza Ochoa y mantienen vigente el que la Sindicatura de Tijuana no podrá contratar nuevo personal o compra vehículos, ordenamiento que se implementó como parte de las medidas de austeridad derivada del impacto a las finanzas municipales por la contingencia del coronavirus.
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