Sheinbaum respalda salida de Taddei del INE y pide auditoría

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que el relevo institucional no generará un vacío de poder debido a los mecanismos normativos ya establecidos. No obstante, advirtió que el cambio de titular no exime de responsabilidades administrativas a quienes hayan incurrido en posibles irregularidades.

Auditoría y rendición de cuentas en el órgano electoral

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal insistió en que deben atenderse las denuncias y observaciones previas sobre presuntos conflictos de interés y uso indebido del erario al interior del instituto.

“Tiene que haber una auditoría para ver las sospechas, abusos o privilegios”, afirmó Sheinbaum al recalcar que la autonomía técnica no debe traducirse en opacidad.

La titular del Ejecutivo precisó que el relevo se dará conforme a los tiempos y reglas constitucionales, por lo que la operatividad del árbitro electoral se mantiene garantizada de cara a los siguientes procesos democráticos.

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Presupuesto 2027: Llamado a la austeridad republicana

En relación con el gasto operativo proyectado para el ejercicio fiscal 2027, la jefa de Estado calificó de excesiva la solicitud financiera preliminar del organismo electoral y recordó que la facultad exclusiva sobre el Presupuesto de Egresos reside en la Cámara de Diputados.

Como alternativa de contención de gasto, planteó que el Legislativo tome como parámetro la partida ejercida en 2024, sumando únicamente el ajuste correspondiente a la inflación acumulada. Con ello, argumentó, se asegura la capacidad operativa de la institución sin comprometer recursos públicos en partidas no sustantivas.

Rechazo a la violencia de género y linchamientos mediáticos

En el tramo final de su pronunciamiento, Sheinbaum reprobó las críticas dirigidas a la vida personal y apariencia de Guadalupe Taddei, calificándolas de expresiones machistas que desvían el foco de la discusión pública. Enfatizó que la evaluación sobre funcionarios públicos debe limitarse estrictamente al desempeño de su encargo y a la legalidad de sus resoluciones, sin dar paso a agresiones personales ni descalificaciones de género.

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