Posiciona gobierno de Ismael Burgueño a Tijuana como primer municipio del país en sumarse al Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica

Tijuana se posicionó como el primer municipio del país en adherirse formalmente al Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, una iniciativa coordinada entre el sector público, la academia y la cúpula empresarial para fortalecer el ecosistema de negocios y atraer nuevas inversiones a la frontera.

La firma del convenio marca el arranque de una ruta federal encabezada junto a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR). El plan busca generar condiciones de certidumbre para micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas de financiamiento accesible y combate frontal a delitos que afectan la operatividad comercial.

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Los tres ejes estratégicos del acuerdo

El convenio descansa sobre tres directrices diseñadas para responder a las demandas del sector productivo local:

• Seguridad y combate a la extorsión: Creación de canales seguros de denuncia y coordinación interinstitucional para frenar abusos contra propietarios de negocios.
• Justicia económica y financiamiento: Programas de apoyo económico y acompañamiento a comercios familiares para elevar su competitividad en la dinámica fronteriza.
• Simplificación regulatoria: Reducción de burocracia para la apertura, operación y regularización de establecimientos.

El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, puntualizó durante el anuncio que el desarrollo regional requiere ir a la par de la certidumbre jurídica, alineando estos esfuerzos con las directrices federales de bienestar y prosperidad compartida.

Módulo digital de denuncia en Zona Centro

Como primera medida operativa derivada del pacto, autoridades municipales y representantes de CONCANACO SERVYTUR inauguraron el primer Kiosko Digital en las inmediaciones del Hotel Nelson, sobre la Zona Centro.

La plataforma permite a comerciantes, proveedores y turistas reportar anomalías o faltas administrativas cometidas por servidores públicos. El sistema garantiza el anonimato del usuario, registra fecha y relatoría de los hechos, y permite adjuntar evidencia fotográfica o documental para turnar las quejas directamente a los órganos de control correspondientes.

Con esta adhesión, la administración local busca blindar la actividad económica de Tijuana, consolidando canales de rendición de cuentas e incentivando la formalidad comercial en los principales corredores de la ciudad.