Movimiento Antorchista denuncia en Tijuana presunta persecución y amenazas en cuatro estados

Jornada nacional de denuncia desde la frontera norte

Como parte de una movilización simultánea en seis entidades del país, representantes del Movimiento Antorchista en el noroeste de México —que abarca Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California— llevaron a cabo ruedas de prensa para visibilizar lo que califican como una sistemática persecución política y administrativa contra sus miembros y causas sociales.

En Tijuana, José Juan Bautista Hernández, integrante del Comité Regional del Noroeste, puntualizó que las agresiones y actos de hostigamiento se han concentrado de manera alarmante en cuatro estados: Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Puebla.

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Señalamientos de agresiones en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Puebla

De acuerdo con el posicionamiento presentado en la ciudad fronteriza, los incidentes denunciados vulneran derechos básicos de manifestación y vivienda:

• Oaxaca: Señalaron el desalojo mediante uso de la fuerza pública en albergues estudiantiles ocupados por simpatizantes de la agrupación en Oaxaca y Miahuatlán. Asimismo, expusieron actos de intimidación judicial contra el activista César Hernández tras gestiones sociales ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
• Veracruz: Acusaron falta de voluntad política del gobierno estatal ante solicitudes ciudadanas, denunciando la apertura de procesos administrativos infundados contra voceros antorchistas.
• Querétaro: Afirmaron que el dirigente estatal del movimiento ha recibido amenazas de muerte y encarcelamiento por encabezar gestiones comunitarias.
• Puebla: Expusieron el cobro ilegal de cuotas e intimidación armada contra comerciantes agremiados en el grupo “La Curva”, presuntamente orquestado por grupos antagónicos sin intervención de las autoridades locales.

Llamado al respeto de los derechos constitucionales

Bautista Hernández concluyó que estas conferencias de prensa buscan sentar un precedente público ante la opinión ciudadana y emplazar a las autoridades competentes a salvaguardar las garantías individuales, el derecho a la libre asociación y la integridad de quienes participan en gestiones colectivas.