Lanzan campaña en San Diego para frenar la compra de armas destinadas a Tijuana y la frontera

El programa “Don’t Lie For The Other Guy” busca castigar con hasta 15 años de prisión a los prestadores de nombre en armerías

SAN DIEGO.— Con el propósito de bloquear el suministro de armamento hacia grupos delictivos en ambos lados de la frontera, autoridades federales y locales de Estados Unidos presentaron la campaña “Don’t Lie For The Other Guy” (No mientas por el otro) en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.

El programa busca concientizar y vigilar los establecimientos formales para evitar las denominadas “compras de paja” o por intermediarios, un esquema donde ciudadanos con derechos vigentes adquieren armas para terceros que están legalmente impedidos para poseerlas.

Impacto directo en la región Tijuana-San Diego

Adam Gordon, fiscal de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en el Sur de California, destacó que esta modalidad representa un problema crítico para la seguridad regional, pues el armamento suele terminar en manos de organizaciones delictivas que operan de manera transfronteriza.

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Por su parte, el teniente del Departamento de Policía de San Diego, César Jiménez, precisó que el 30 por ciento de los delitos violentos relacionados con armas de fuego en la ciudad de San Diego involucran artefactos obtenidos mediante esta práctica.

Jiménez alertó que una proporción significativa de este flujo ilegal cruza la frontera de manera directa hacia el municipio de Tijuana, Baja California, para abastecer a pandillas y células del crimen organizado.

Severas sanciones federales

El agente especial adjunto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), José Medina, advirtió que las consecuencias legales para quienes participen en este delito grave de carácter federal son severas. Las personas que adquieran armas bajo este engaño pueden enfrentar:

• Penas de hasta 15 años en una prisión federal.
• Multas económicas que alcanzan los 250 mil dólares.

El operativo preventivo unirá esfuerzos entre las agencias de investigación, los fiscales federales y los propietarios de los negocios de armas de fuego en el condado para detectar perfiles sospechosos antes de concretar las ventas.