Se usaron procedimientos violatorios a la constitución local. Por ahora CESPT, CESPM y CESPE deberán seguir igual.
Las flagrantes violaciones a la ley para darle el control del agua a los municipios antes de terminar el gobierno actual de Jaime Bonilla ya obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a detener las ilegalidades que se están cometiendo.
Tijuana y Ensenada tampoco podrán continuar con la municipalización debido a que las controversias constitucionales en el fondo generan efectos generales y si bien la suspensión protege al reclamante, también toma en cuenta las circunstancias y características especiales de la controversia.
En ella se precisan los alcances y efectos; los órganos suspendidos, el territorio respecto del cual opere y el día que debe surtir efectos, pero al tener efectos generales la decisión de fondo, si se continúaimpactará a todos los municipios que estén bajo el mismo decreto que es su caso se declare inválido.
Diciendo ésto de forma clara sin rodeos técnicos: Se debe frenar el proceso de municipalización de la operación del agua en Baja California ya que es ilegal
Si bien la constitución otorga a los municipios los obligaciones y facultades de operar el agua, deben seguirse los pasos legales para el retorno de su manejo del estado de Baja California a los cinco municipios.
Sin embargo, en un desaseado proceso del congreso, aprobaron sin leer la propuesta del gobernador, mientras que el ejecutivo ha procedido a "entregar" en actos repentinos y urgentes a los alcaldes que le han ayudado "cabildeando" la medida.
La intención del gobernador Jaime Bonilla es continuar con el manejo del agua a través de los alcaldes que maneja como Armando Ayala en Ensenada, Araceli Brown en Rosarito y la electa Montserrat Caballero de Tijuana.
Aunque para eso, se usaron procedimientos violatorios a la constitución local. Por ahora CESPT, CESPM y CESPE deberán seguir igual.
Por ello aunque la suspensión es para tres municipios, los demás quedan en suspenso, pues correrán con la misma suerte de fondo si se declara inválido.
Riesgo de desastre económico a municipios que sigan el ilegal proceso
Aunque no tengan todos los municipios una suspensión en sus territorios, si se declara invalido el proceso de municipalización del agua afectará a todos los municipios y los que hayan continuado con la ilegal transferencia tendrían que deshacer sus estructuras.
Los que caigan en este error, sufrirán serios daños en su estructura financiera, programática y legal.
Lo anterior tiene apoyo en el artículo 105 penúltimo párrafo de la constitución federal y artículo 41 fracción V y 42 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.
Resulta interesante ver si los intereses políticos seguirán imperando en Baja California pasando por encima de la ley para "llevarse" el control del millonario servicio público a territorios dominados por el grupo Bonilla y lejos de las manos de Marina del Pilar, la gobernadora electa.
Destaca en medio de ésto, los millonarios pagos a FISAMEX por los cobros terroristas que han hecho a empresas por concepto de agua y drenaje, cobros que por cierto han sido revertidos por la corte federal debido a su ilegalidad.
El proceso de municipalización deberá darse de manera ordenada y transparente para evitar que se aplique a los ayuntamientos una carga imposible de llevar, según coinciden los expertos que han opinado fuera del círculo de manipulación del gobierno del estado.
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