FGR descarta persecución política en investigación de Ruffo Appel

Actuación apegada a derecho, sostiene la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) puntualizó que las investigaciones sobre la red de contrabando de hidrocarburos operada mediante el sistema ferroviario nacional están fundamentadas en trabajo técnico de campo y gabinete, descartando categóricamente cualquier trasfondo o persecución de carácter político.

La aclaración institucional surge tras la vinculación a proceso de personas implicadas en la estructura societaria de la empresa importadora investigada, entre ellas Ernesto Ruffo Appel. La FGR subrayó que el proceso penal no responde a posturas o vínculos políticos del imputado, sino a la acumulación de datos de prueba que señalan su presunta participación en actos corporativos y operativos relacionados con el ingreso irregular de combustible al país.

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Más de 90 datos de prueba respaldan el expediente

Para sustentar el caso, la representación social ha integrado hasta el momento 96 datos de prueba. Entre estos destacan:

Dictámenes en química: Orientados a certificar si la sustancia asegurada corresponde a gasolina o diésel.
Dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica: Diseñados para medir la capacidad real de los ferrotanques e identificar la diferencia frente a los volúmenes declarados.
Peritajes en criminalística y fotografía: Enfocados en la preservación de indicios y documentación en el lugar del hallazgo.
Análisis documental y financiero: Cruce de información de cartas porte, pedimentos, facturas y registros aduanales.

De acuerdo con las pesquisas, las unidades ingresaban al territorio nacional declarando únicamente el 10 por ciento del volumen real de combustible. El análisis entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió identificar la reiteración de más de cuatro mil operaciones bajo esta misma modalidad durante el primer semestre del año, lo que situaría el daño a la hacienda pública en más de cuatro mil millones de pesos.

Prisión preventiva fijada por mandato constitucional

Respecto a la situación jurídica de los procesados, la FGR recordó que el delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una conducta que amerita prisión preventiva oficiosa. Por ello, el desarrollo del proceso en reclusión responde al marco legal vigente y no a una medida arbitraria.

La fiscalía reiteró que las diligencias se conducen con respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, mientras se desahoga la fase de investigación complementaria.