Familiares de Brenda protestan en Mexicali por retraso de cuatro años en caso de feminicidio

A cuatro años del feminicidio de Brenda, su madre, Guadalupe Mena, denunció la dilación en el proceso penal atribuida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial de Baja California. Ante la falta de resoluciones, familiares y allegados se manifestaron este viernes a las afueras de los juzgados en Mexicali para exigir audiencia directa con las autoridades y evitar que el imputado sea beneficiado con prisión domiciliaria.

La protesta tuvo como objetivo solicitar un encuentro con el presidente del Poder Judicial estatal, Isaac Fragoso, a fin de exponer el rezago procesal que ha derivado en la cancelación consecutiva de dos audiencias, postergando la etapa intermedia hasta febrero del próximo año.

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Rechazo a cambio de medida cautelar

Mena puntualizó que la diligencia más próxima en la agenda judicial no corresponde a la fase intermedia de debate probatorio, sino a una solicitud formal de la defensa para revocar la prisión preventiva justificada y permitir que el acusado enfrente el resto del proceso legal bajo resguardo domiciliario.

La postura de la familia es de rechazo total a cualquier beneficio que modifique las condiciones de reclusión del señalado mientras se desahogan las acusaciones formales.

“No es justo que pretenda irse a su casa después de cometer un crimen de esta gravedad”, manifestó Mena durante la concentración en la sede judicial.

Rezago justificado en saturación de tribunales

De acuerdo con las declaraciones de la madre de Brenda, las explicaciones institucionales recibidas hasta el momento atribuyen los retrasos a la saturación de carpetas de investigación y la carga laboral que enfrentan tanto jueces como agentes del ministerio público adscritos a la fiscalía.

Esta prolongación indefinida ha mantenido a las víctimas indirectas en un desgaste constante al acudir periódicamente a las salas penales sin obtener fechas certeras para la conclusión del caso.

Exigencia de juicio y sentencia

La representación de la familia subrayó que existen elementos probatorios suficientes recabados en la carpeta para desahogar un juicio oral formal, por lo que descartaron cualquier intento de salida alterna o procedimiento abreviado que reduzca las sanciones aplicables.

Los manifestantes adelantaron que continuarán con convocatorias públicas en la capital de Baja California hasta que el expediente cuente con una calendarización definitiva para el juicio y se dicte una resolución judicial apegada a derecho.

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