Familia se manifiesta para que revisen caso de presunta tentativa de feminicidio

Familiares de Julio Alonso “N” se manifestaron en el exterior de los juzgados del Poder Judicial del Estado en La Mesa, en Tijuana, para solicitar a la autoridad judicial la revisión de la carpeta de investigación y los elementos de prueba que obran en el proceso penal que enfrenta por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Brenda García, hija del imputado, explicó durante la protesta que la exigencia de la familia se enfoca en que se supervise el trabajo del Ministerio Público y se valoren presuntas inconsistencias detectadas a lo largo de las diligencias.

“No estamos pidiendo nada fuera de lo normal, simplemente que hagan su trabajo y si revisan la carpeta de investigación se van a dar cuenta de todas las irregularidades que hay; no le han dado el seguimiento que por ley y por derecho merece”, señaló.

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Los antecedentes del caso y la postura familiar

De acuerdo con los datos aportados por los inconformes, Julio Alonso “N”, de 55 años de edad, se encuentra recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde noviembre de 2025, derivado de una denuncia por hechos ocurridos el 2 de agosto del mismo año.

La versión presentada por la defensa familiar sostiene que el imputado se encontraba en su domicilio cuando presuntamente ocurrió un altercado con dos personas, entre ellas una mujer con quien había mantenido una relación sentimental que concluyó tiempo atrás. Posteriormente se formuló la denuncia penal que derivó en la vinculación a proceso.

García afirmó que acudió al inmueble acompañada por oficiales de la policía municipal, señalando que existen testimonios de agentes que acudieron como primeros respondientes y que, de acuerdo con la familia, deben ser confrontados con los dictámenes médicos integrados en el expediente.

Piden valorar pruebas periciales y testimonios

La parte manifestante refirió contar con grabaciones de videovigilancia de la zona, declaraciones vecinales y testimonios de personal paramédico y de seguridad pública que, aseguran, no han recibido la valoración adecuada dentro de la etapa procesal correspondiente.

Asimismo, señalaron que la medida cautelar impacta a tres menores de edad que dependían directamente del imputado. Ante esto, reiteraron que mantendrán las gestiones jurídicas necesarias para que los tribunales analicen de forma integral los elementos de descargo antes de dictar una resolución definitiva.