Extraditan a presunto traficante de metanfetamina ligado al Cártel de Sinaloa; enfrentará cargos federales en EE.UU.

SAN DIEGO.– Marco Antonio López Guerrero, señalado como un presunto operador de tráfico de metanfetamina con base en Mexicali y con vínculos con el Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 24 de octubre para enfrentar cargos federales por narcotráfico y tráfico de armas.

De acuerdo con documentos judiciales, López Guerrero fue acusado por un gran jurado federal del Distrito Sur de California en julio de 2020. En su contra pesan los delitos de conspiración para importar metanfetamina, conspiración para distribuir metanfetamina, intento de exportar artículos de defensa sin licencia, así como contrabando de armas y municiones desde Estados Unidos hacia México.

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Las investigaciones establecen que el imputado utilizaba adolescentes para cruzar metanfetamina por los cruces peatonales de la frontera entre México y California, además de distribuir la droga en San Diego, San Bernardino y otras ciudades. También empleaba aeronaves ultraligeras para el trasiego de droga y traficó armas hacia México, entre ellas un rifle AR-15 de cañón corto sin número de serie y más de 150 cartuchos.

El 27 de octubre, López Guerrero compareció por primera vez ante la Corte Federal, donde fue instruido de cargos y se declaró no culpable ante la jueza magistrada Karen S. Crawford. Tras una audiencia de detención realizada el 30 de octubre, se determinó que permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso.

Su próxima comparecencia está programada para el 21 de noviembre de 2025, ante la jueza federal Jinsook Ohta, para la audiencia de mociones y calendarización de juicio.

La Fiscalía estadounidense informó que este caso forma parte de una investigación de varios años que ha derivado en el aseguramiento de más de 180 kilos de metanfetamina, 19 kilos de fentanilo, 2 kilos de heroína, así como diversas armas y municiones.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró en la detención y extradición del acusado desde México, mientras que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se encargó de su traslado. El caso es llevado por los fiscales federales Lawrence A. Casper y Edward Chang.