Evacúan personas de asentamiento irregular en la Vía Rápida Poniente tras operativo de 10 horas

Intervención oficial por riesgo inminente de deslave

El gobierno de Baja California y la Coordinación Estatal de Protección Civil llevaron a cabo la evacuación total de las viviendas asentadas irregularmente sobre la Vía Rápida Poniente en Tijuana. El despliegue, que se prolongó por cerca de diez horas, tuvo como objetivo prevenir pérdidas humanas ante el peligro crítico de deslizamientos de tierra e inundaciones vinculadas a los pronósticos meteorológicos del fenómeno de El Niño.

Juan Pon Méndez, secretario general de Gobierno del estado, confirmó que la medida se fundamentó en una orden técnica de Protección Civil. La zona presenta inestabilidad geológica que ponía en vulnerabilidad directa a quienes habitaban sobre el margen del canal federal.

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Reubicación temporal y apoyo a las familias

Durante las diligencias se contabilizaron 64 personas retiradas del sitio. Ignacio Lozoya Morales, titular de Protección Civil en la entidad, explicó que el procedimiento inició alrededor de las 13:00 horas tras vencerse una notificación preventiva de 24 horas entregada previamente a los residentes.

El Ayuntamiento de Tijuana dispuso de traslados a refugios temporales y aprobó un subsidio para cubrir dos meses de arrendamiento a las familias que aceptaran salir de la demarcación de riesgo. Aunque inicialmente se presentaron inconformidades, los funcionarios mantuvieron mesas de diálogo en el punto para evitar el uso de la fuerza pública, facilitando además la atención médica de personas descompensadas y el traslado de enseres domésticos.

Incidentes durante la jornada y detención de presuntos defraudadores

La jornada se tornó compleja debido a un cortocircuito en cables de alta tensión que desató un incendio en el perímetro, consumiendo seis viviendas improvisadas. El siniestro generó cierres parciales sobre la Vía Rápida Poniente y un severo congestionamiento vial a lo largo de la tarde.

En el ámbito penal, Pon Méndez comunicó que se formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de tres personas acusadas de comercializar fraudulentamente dichos predios federales. Los señalados fueron asegurados bajo la acusación del delito de despojo.

El área recuperada quedó bajo custodia perimetral permanente de la Guardia Nacional y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), instancias que formalizarán la entrega legal del inmueble a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar nuevas invasiones.