
EE.UU. y México golpean red de lavado ligada al Cártel de Sinaloa usando casinos, restaurantes y empresas fachada
En una acción conjunta sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en coordinación con el Gobierno de México, anunció sancio…
WASHINGTON .- En una acción conjunta sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en coordinación con el Gobierno de México, anunció sanciones y medidas financieras contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), una red transnacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas en México, Europa y América del Norte.
La operación conjunta, resultado de acuerdos recientes entre ambos gobiernos, tiene como objetivo cerrar los flujos financieros que vinculan al HOCG con el Cártel de Sinaloa, que mantiene control sobre gran parte del territorio donde esta organización opera.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y las apuestas. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
27 personas y empresas sancionadas
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con el grupo Hysa, mientras que FinCEN propuso aislar a 10 establecimientos de apuestas ubicados en México del sistema financiero estadounidense, por ser considerados de alto riesgo en operaciones de lavado de dinero.
Entre las empresas mexicanas señaladas se encuentran Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V., entre otras, con operaciones en distintos estados, incluyendo Baja California, Sonora, Sinaloa y Tabasco.
El grupo criminal, conformado por miembros de la familia Hysa, de origen albanés y con presencia en México y Canadá, habría utilizado una red de casinos, restaurantes y empresas fachada para lavar millones de dólares derivados del tráfico de drogas.
Los sancionados incluyen a Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, señalados de dirigir o beneficiarse de las operaciones ilícitas del HOCG. Varias de sus empresas han sido identificadas en México como parte de las estructuras usadas para movilizar efectivo a Estados Unidos y Europa.
Casinos en Baja California y otros estados bajo la lupa
Entre los establecimientos de juego implicados se encuentran el Skampa Casino de Ensenada y el Midas Casino de Rosarito, ambos en Baja California, así como otros ubicados en Sonora, Sinaloa y Tabasco.
La medida especial de FinCEN busca impedir que bancos estadounidenses procesen transacciones relacionadas con estos negocios, e impondrá una diligencia debida reforzada a las instituciones financieras para evitar que sean utilizadas por organizaciones criminales.
Bloqueo de activos y sanciones
Como resultado de esta acción, todos los bienes y activos de los individuos y empresas sancionadas bajo jurisdicción estadounidense quedarán congelados, y se prohíbe a personas o instituciones de Estados Unidos realizar cualquier transacción con ellos.
Las autoridades advirtieron que las violaciones a estas sanciones podrían derivar en multas y sanciones penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros que colaboren con las entidades bloqueadas.
Coordinación binacional
Este operativo refleja la colaboración renovada entre México y Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento de los cárteles de la droga.
El Tesoro estadounidense destacó que el propósito de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio de comportamiento”, invitando a las personas designadas a solicitar su exclusión de la lista negra (SDN) si demuestran haber cesado sus actividades ilícitas.
Con estas acciones, ambos gobiernos refuerzan su compromiso para desmantelar las estructuras financieras del narcotráfico, especialmente aquellas que operan bajo la apariencia de negocios legales en territorio mexicano.



