Denuncian red de corrupción vinculada al “Cártel Inmobiliario” en Tijuana

TIJUANA. – El director del despacho Fuentes y Asociados, Jorge Valdés, lanzó una advertencia pública sobre la existencia de una red de corrupción inmobiliaria que opera en la región. Según el jurista, este fenómeno, denominado localmente como el “cártel inmobiliario”, cuenta con la colusión de diversos actores institucionales que facilitan el despojo de propiedades a gran escala.

Una red con alcance nacional

Valdés explicó que, tras hacer públicas las primeras irregularidades en Tijuana, su despacho ha recibido reportes similares de otras entidades del país, lo que sugiere una problemática estructural. “No es solo un grupo aislado; es una red que opera en prácticamente toda la República”, afirmó el litigante, señalando que el modelo de operación se ha replicado con éxito en distintas ciudades.

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Señalamientos contra el Poder Judicial y Registro Público

La denuncia identifica presuntas irregularidades en procesos civiles. El abogado mencionó que jueces como Pedro Galaz N., Juan Hurtado N. y Juan Carlos Constantino N. han emitido resoluciones con una “celeridad inusual”.

Como ejemplo, citó un caso donde se admitió una demanda el 27 de enero y para el 26 de febrero ya existía una sentencia para desalojar 192 inmuebles, sin que los afectados hubieran sido notificados legalmente.

“Se ha querido restar importancia al problema cuando los indicios apuntan a que la red está dentro de las propias instituciones”, sentenció Valdés.

Implicados y denuncias penales

El abogado también señaló la presunta participación de:

• Funcionarios del Registro Público de la Propiedad.
• Agentes del Ministerio Público como Antonio N.
• Particulares y notarios que validan documentación irregular.

Actualmente, ya se han presentado al menos seis denuncias penales relacionadas con estos hechos. Valdés hizo un llamado a las autoridades superiores para investigar estas “sentencias exprés” y fortalecer la regulación, pues asegura que hoy en día cualquier persona puede comercializar inmuebles en la ciudad sin rendir cuentas claras, poniendo en riesgo el patrimonio de los tijuanenses.