Cuestionan a la Fiscalía de Baja California por omisión y muerte de un perro en predio asegurado

TIJUANA.— Alrededor de nueve perros continúan encerrados al interior de un inmueble asegurado sobre la calle Emiliano Zapata, en la Zona Centro de Tijuana, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) llevara a cabo un operativo el pasado 14 de julio por presuntos delitos ambientales y contra los animales.

La situación encendió las alarmas entre activistas y rescatistas locales, quienes confirmaron que, lejos de ser resguardados en su totalidad, varios ejemplares quedaron en el olvido dentro del predio.

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La exfiscal especializada en Delitos Contra los Animales, Ilse Carolina Vázquez, dio a conocer que tuvo conocimiento del caso tras ser contactada por protectores de animales.

“Yo confié en que sí se habían rescatado esos animales. Cuando me dicen que no, el día domingo amaneció un canino muerto, uno de esos presuntos 21 caninos rescatados”, declaró la abogada.

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De acuerdo con la especialista, el animal falleció tras ser atacado por los otros perros encerrados, consecuencia directa de la falta de supervisión y resguardo por parte de las instituciones correspondientes. Señaló además que las autoridades pretendían que un vecino de la zona asumiera la alimentación y atención de los ejemplares, tarea que no le corresponde legalmente a la ciudadanía.

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Durante la jornada del miércoles, personal de la Fiscalía acudió al sitio para entregar agua y comida, además de retirar a algunos animales. Sin embargo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación confirmaron que al menos nueve caninos continúan en el espacio asegurado.

Vázquez advirtió sobre las malas condiciones del lugar, señalando acumulación de basura y factores de riesgo que exponen a los animales a estrés, calor, hambre y agresiones. Indicó que la autoridad intentó aplicar la modalidad de cateo in situ, la cual exige una presencia y vigilancia constante para garantizar el bienestar de los seres vivos resguardados.

La responsabilidad legal del aseguramiento

La litigante concluyó que, una vez que la autoridad precinta e inhabilita el acceso a un inmueble, asume de manera automática la tutela y responsabilidad legal tanto del sitio como de los seres vivos que permanezcan en él. Ante esto, exigió que la FGE esclarezca el caso y deslinde responsabilidades por la muerte del canino registrada durante el resguardo estatal.