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El restablecimiento de la seguridad pública, la paz social y que la ciudadanía creyera de nuevo en las instituciones fueron algunos de los principios rectores del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), este nuevo modelo de procuración de justicia, así como su implementación por parte de los órganos jurisdiccionales, mencionó el especialista en derecho penal Álvaro González.
Destacó que este modelo fue creado y consensuado por organismos de la sociedad civil, así como expertos en materia de judicatura, sin embargo entró en el peor momento debido a la crisis en temas de seguridad que estamos viviendo no sólo en nuestra región sino a nivel nacional.
A los cuerpos de seguridad como a las diferentes fiscalías, agregó, les tomó por sorpresa el NSJP y ante la falta de capacitación e inversión en su capital humano la ciudadanía paga las facturas en el aumento de los índices de criminalidad donde solamente la delincuencia se ha adaptado en beneficio de sus filas.
“Se insiste en los temas retóricos de la inclusión ciudadana en el rubro de prevención del delito, pero no se trabaja de fondo para crear ese lazo de confiabilidad con programas de impacto que los invite de nuevo a denunciar no sólo los delitos que hayan sido consumados, sino al igual en temas de prevención y persecución que arrojen a las autoridades competentes para su mejor desempeño que a la postre se cristalice en detenciones gracias a la solidaridad entre sociedad y gobierno.
Pero hoy tristemente estamos viendo los abogados litigantes, así como los fiscales que las corporaciones policiacas aún siguen con la disyuntiva de no aproximarse a los llamados de auxilio por el temor de incurrir en responsabilidades negativas al ser primer respondiente y de no saber encuadrar sus informes policiales homologados. Al día de hoy la mayoría de los arrestos de las corporaciones no se han judicializado por falta de esa pericia de los agentes captores y no es culpa de ellos, sino como he dicho anteriormente es por la falta de voluntad política de capacitarlos jurídicamente”, expresó.
El especialista opinó que la solución de la inseguridad es básica, y no es solamente con la coordinación de la que tanto se habla, sino la inclusión ciudadana y que a los elementos de seguridad pública les sea valorado su trabajo, ya que actualmente trabajan hasta 12 horas diarias para cubrir ese déficit de elementos en la ciudad.
Manifestó que además se necesita la construcción de un programa de prevención y de reacción que cumpla con las características y necesidades que aquejan a la sociedad y que los jefes delegacionales cumplan con los requisitos esenciales de confianza, no sólo de la ciudadanía sino de la propia corporación.
