AGENCIAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Jorge Solís Arana, juez de control que rechazó vincular a proceso a un funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, por el delito de corrupción de menores.
También congeló las cuentas de este servidor público, identificado como Luis Alonso "N", por movimientos irregulares en el sistema financiero, informó el organismo dependiente de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
"Hoy hemos hecho el congelamiento de cuentas del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad en el Municipio de Puerto Vallarta que fue localizado en su vehículo con una menor, tanto al director como al juez que no vinculó a proceso a este sujeto, les hemos congelado las cuentas", manifestó Santiago Nieto, titular de la UIF al arribar a Palacio Nacional este lunes.
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"Estamos en proceso de investigación para ver si presentamos la denuncia correspondiente", añadió.
Expuso que la dependencia tiene un convenio y está preocupada porque todos los casos que pueden ser un acto o una conducta relacionado a la trata de personas sean sancionados.
El 26 de julio pasado, cuando aún era funcionario de la Comisaría de Puerto Vallarta, Luis Alonso "N" fue detenido por presuntamente abusar de una menor de edad.
El funcionario fue encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda, quien aclaró ante las autoridades que fue agredida sexualmente por el imputado. Sin embargo, en una audiencia llevada a cabo el viernes pasado, el juez de Control y Oralidad del Municipio decidió no vincularlo a proceso por el delito de corrupción de menores, argumentando que la víctima "no sintió placer".
En la misma resolución, el juez vinculó a proceso al imputado por el delito de abuso sexual infantil y le dictó la prisión preventiva, razón por la que continuará en la cárcel mientras transcurre su proceso.
El Poder Judicial de Jalisco suspendió ayer sin goce de sueldo al juez y lo denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntas omisiones que pudieran constituir un delito.
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