Cámaras empresariales piden bajar el impuesto sobre nómina al 3% en BC

El impuesto sobre nómina en Baja California debe reducirse del 4.25 al 3%, propusieron este lunes diversas cámaras empresariales del estado, al advertir que la carga actual encarece la generación de empleo formal, resta competitividad a la región y desincentiva nuevas inversiones.

Impacto del impuesto sobre nómina en la competitividad de Baja California

Durante el posicionamiento conjunto, el presidente de COPARMEX Tijuana, Roberto Vega, señaló que Baja California aplica hoy la tasa de impuesto sobre nómina más alta del país, por encima de otras entidades fronterizas con las que compite directamente por inversión y empleos.

Explicó que estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas manejan una tasa de 3% en impuesto sobre nómina, mientras que en otras regiones del país el gravamen se ubica en 2%.

“La mayoría del país oscila entre el 2 y 3%. Esto nos coloca con una diferencia de hasta 42% por encima de nuestros competidores directos”, expuso el dirigente empresarial, al subrayar que este diferencial del 1.25% representa un sobrecosto considerable para las empresas instaladas en Baja California.

De acuerdo con los cálculos expuestos, una empresa con 100 trabajadores enfrenta un sobrecosto anual superior a 300 mil pesos; una planta con 500 empleados absorbe cerca de 1.5 millones adicionales; mientras que una compañía con mil personas en su nómina paga más de 3.1 millones de pesos extra por este concepto.

Las cámaras expusieron que estos montos encarecen la contratación de empleo formal, presionan los costos de operación y terminan trasladándose a precios y servicios, afectando directamente la economía de las familias bajacalifornianas.

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Propuesta empresarial para ajustar el impuesto sobre nómina

Los organismos empresariales aclararon que su planteamiento no busca debilitar las finanzas públicas estatales, sino incentivar la actividad económica a través de un entorno fiscal más competitivo.

Señalaron que una reducción al 3% del impuesto permitiría atraer nuevas inversiones, consolidar proyectos ya instalados, generar más empleos formales y ampliar la base de contribuyentes, lo que a mediano plazo podría compensar la disminución en la tasa con un mayor volumen de recaudación.

La propuesta está dirigida al Gobierno del Estado y al Congreso de Baja California, autoridades responsables de definir la Ley de Ingresos y Egresos. El sector empresarial pidió que el ajuste al impuesto sobre nómina se analice y, en su caso, se apruebe antes de que concluya el año fiscal, en el marco de la discusión presupuestal.

En el posicionamiento participaron, entre otros, Elisa Ibáñez Aldana, presidenta electa 2026-2027 de COPARMEX Tijuana; Federico Serrano Bañuelos, presidente de Index Zona Costa BC; Héctor Alejandro Jaramillo, presidente de Canacintra Tijuana; Luis Delgado, presidente de Canieti Noroeste; Alberto Muñoz, presidente de COPARMEX Ensenada; y Elmer Peña, presidente de CMIC Tijuana, además de representantes de otros organismos.

Riesgos de mantener alto el impuesto sobre nómina en Baja California

Las cámaras empresariales advirtieron que, de mantenerse la tasa actual del 4.25% de impuesto sobre nómina, Baja California podría seguir perdiendo terreno frente a otras entidades que ofrecen mejores condiciones para invertir y generar empleos.

Señalaron que el estado ocupa el cuarto lugar nacional en pérdida de empleo y que, en lo que va del año, se ha registrado la baja de alrededor de 800 empresas, lo que consideran una señal de alerta sobre el clima económico local.

En este contexto, indicaron que solamente en el sector manufacturero se han perdido 21 mil empleos, una cifra que, aseguran, debe prender focos rojos y motivar ajustes en la política fiscal para evitar más cierres y fomentar la formalidad laboral.

Los dirigentes coincidieron en que un esquema de impuesto sobre nómina más competitivo enviaría una señal positiva a inversionistas nacionales y extranjeros, y ayudaría a consolidar a Baja California como un polo atractivo para nuevas empresas, sin dejar de lado la responsabilidad recaudatoria del Estado.