TIJUANA.- Brenda Ruacho, expresidenta del patronato del DIF Estatal, devolverá 6.8 millones de pesos a dicha institución como parte del acuerdo reparatorio que firmará con las autoridades tras ser acusada por los delitos de coalición de servidores públicos, y negociaciones ilícitas.

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El secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dijo que el dinero se devolverá a la Secretaría de Hacienda Pública a través de una transferencia bancaria.


"Es parte del acuerdo compensatorio y que el Ministerio Público propone, lo que queremos es que se rescate ese dinero y que quede claro que la señora cometió delitos en la administración pública y se acoge a la posibilidad de resarcir el daño", detalló.


Rodríguez Lozano agregó que la esposa del exgobernador de Baja California, Francisco Vega, "utilizó una campaña a favor del CRIT, creó una cuenta oficial aparte del DIF, y a través de una fundación distinta recabó dinero y no lo entregó al DIF, y demostramos que compró vehículos ajenos al DIF".


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Tras acusar a Rucho de dichos delitos, se comprobó que otras dos personas también estaban involucradas, un director y una funcionario público, sin embargo, no se les juzgará pues con el reconocimiento y pago de Rucho, finalizará el caso.


"Esperamos que al final de cuentas triunfo la justicia y se va a castigar con un convenio de reparación a alguien que cometió delitos en contra del Estado. Es una coalición de servidores públicos y es otra violación y el MP determinó que había elementos para sancionarla, pero la ley y sistema penal actual permite una reparación del caso, entonces ella va a regresar 7 millones de pesos que nosotros acusamos que había dispuesto de manera ilegal y se comprometió a que se retire el amparo con el que estaban defendiendo que la estancia infantil se había ilegalmente apoderado de ella, y de su fundación", explicó.

Con respecto a Vega, acusado también de delitos, dijo que "lo ha salvado la pandemia", pues en la administración de de justicia ya estaba fijado una fecha para la imputación de cargos en mayo, pero la cambiaron para el 11 de junio.


"Expresamos al presidente del tribunal que parece que hay una protección del juez al PAN, que no quieren que sancionen a Kiko antes de la elección, y lo están pasando para después, y pedimos que se lleve a cabo la audiencia en mayo", concluyó Rodríguez Lozano.

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