Baja California se suma al Acuerdo Nacional contra la Extorsión

El Acuerdo Nacional contra la Extorsión fue respaldado por Baja California, luego de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda participara en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se anunció esta estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Alcances del Acuerdo Nacional contra la Extorsión y compromiso de Baja California

Durante la sesión realizada en Ciudad de México, la mandataria bajacaliforniana destacó que, al adherirse al Acuerdo Nacional contra la Extorsión, el estado refuerza las acciones que ya se venían implementando a través de la Estrategia Estatal contra la Extorsión, presentada en agosto de este año.

Marina del Pilar subrayó que el objetivo es reducir el impacto que este delito tiene en el patrimonio de las familias, de las empresas y en la percepción de seguridad de la ciudadanía. Señaló que la suma de esfuerzos entre estados y federación permitirá avanzar hacia un esquema más sólido de prevención, investigación y sanción de la extorsión en sus distintas modalidades.

Al integrarse al Acuerdo Nacional contra la Extorsión, Baja California se alinea a una política pública de alcance federal que busca homologar criterios, fortalecer capacidades institucionales y garantizar que las denuncias no dependan únicamente de la iniciativa de las víctimas, sino de una actuación más proactiva del Estado.

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Extorsión como delito de alcance nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, para poner en marcha el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, se impulsaron modificaciones constitucionales que permiten que este delito, antes considerado principalmente del orden estatal, ahora pueda ser investigado también por la Fiscalía General de la República.

Con este cambio, la extorsión se reconoce como un delito que debe ser perseguido de oficio, es decir, que no descansa en la responsabilidad de la víctima para presentar la denuncia, sino en la obligación de las instituciones de seguridad y justicia de actuar ante su detección.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la finalidad es que existan sanciones mayores y una coordinación más efectiva entre autoridades locales y federales, bajo el entendido de que la extorsión afecta de manera directa a la economía, la tranquilidad social y la confianza en las instituciones.

Implementación y resultados iniciales de la estrategia

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, señaló que el acuerdo representa un paso decisivo para enfrentar la extorsión con mayor rigor técnico y mejores herramientas institucionales.

Entre los componentes se encuentran la armonización legislativa en las entidades federativas y la creación de áreas especializadas en las fiscalías para investigar y judicializar este tipo de casos de manera más eficiente.

García Harfuch detalló que, desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en julio de este año, se han recibido más de 102 mil denuncias por este delito a través de la línea 089. Además, se han detenido a más de 600 personas vinculadas en 22 estados de la República, lo que refleja un incremento en la atención y seguimiento de estos reportes.

La participación de Baja California en el Acuerdo Nacional contra la Extorsión forma parte de una agenda más amplia orientada a fortalecer la paz y la seguridad en el país, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y una mayor capacidad de respuesta frente a delitos que impactan directamente a la población y al sector productivo.