MEXICALI.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, se aprobó por unanimidad el dictamen 32 de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, referente a la Ley Sabina, iniciativa de reforma a diversos ordenamientos con el objetivo de garantizar el principio de interés superior de la niñez y el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos.
La pretensión legislativa de la inicialista es responder a la grave situación que se enfrentan mujeres, personas gestantes, niñas, niños y adolescentes que se ven afectadas por la falta de la obligación de proporcionar alimentos y auxilio por parte de la persona responsable, por lo que busca ponderar el derecho que tienen las personas a recibir alimentos, específicamente las infancias.
En ese sentido se busca dar cumplimiento y armonizar la legislación conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias, el 8 de marzo de 2023, que crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
En la iniciativa destaca que serán sancionados quienes injustificadamente no proporcionen los alimentos a las personas con las que tengan deber legal, se impondrá prisión de dos a cinco años, la suspensión o privación de la patria potestad y demás derechos de familia, igual pena será impuesta a las personas que no proporcionen atención geriátrica a las personas adultas mayores de sesenta años, a quien no proporcione los gastos de atención médica a la mujer embarazada o persona gestante, incluyendo el gasto del parto, con las que tengan ese deber legal.
En el caso de que no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año. El Poder Judicial tendrá a su cargo la operación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Asimismo, en materia administrativa destaca que en todas las modalidades de solicitud de licencia o su revalidación se requerirá a la persona solicitante presentar su certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; además en materia civil se establece la obligación de la persona juzgadora informar a las autoridades migratorias para impedir que el deudor alimentario salga del país.
Avanza Ley Sabina en BC; exhibirán a deudores alimentarios
MEXICALI.- Diputados locales de Baja California dieron luz verde al dictamen de la iniciativa de reforma conocida como "Ley Sabina", la cual tiene como objetivo principal la integración de deudores o morosos alimentarios al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en el estado.
De ser aprobada en el pleno, esta reforma marcará un hito en el combate al incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
El diputado Juan Manuel Molina García destacó que la reforma contempla una amplia definición de obligación alimentaria, incluyendo tanto a padres como a madres y otras personas con responsabilidades similares. Aquellos que incumplan con esta responsabilidad durante un periodo de 30 días serán considerados deudores alimentarios morosos, lo que podría conllevar su inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias por orden de los jueces del orden familiar.
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Una de las disposiciones de esta reforma es la obligación de informar a la pareja en el Registro Civil sobre el estatus de deudor alimentario de cualquier persona que desee contraer matrimonio.
Además, se han implementado medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, como la modificación de la ley que regula los servicios de control vehicular para exigir la presentación del certificado de no inscripción en el Registro de Obligaciones Alimentarias como requisito para obtener una licencia de conducir.
Asimismo, esta solicitud será necesaria para aquellos que deseen postularse a cargos de elección popular a nivel federal, estatal y local, así como para aspirantes a magistraturas o jueces en todas las instancias.