
AMLO manda reforma para castigar corrupción y nepotismo de jueces
El presidente, Andrés Manuel López Obrador manda al Senado una reforma para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que incluyen castigar a los jueces y magistrados por actos de nepotismo o c…
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador manda al Senado una reforma para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que incluyen castigar a los jueces y magistrados por actos de nepotismo o corrupción.
Las sanciones van desde amonestación privada, suspensión o destitución de su empleo y económica.
También incluye modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal de Defensoría Pública, a la Ley de Amparo y al Código Federal de Procedimientos Civiles.
En caso de que la autoridad determine la inhabilitación, será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta grave, no excede los 17 mil 920 pesos (200 unidades de medida y actualización UMA) y de 10 a 20 años si el monto es mayor a la cantidad.
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Si la falta grave cometida por el servidor público le genera beneficios económicos, tendrá una sanción de dos tantos de los beneficios obtenidos, y en ningún caso, el castigo será menor o igual al monto de los beneficios alcanzados.
Si la falta grave provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, el servidor público reparará los daños y perjuicios causados y las personas beneficiadas serán responsables.
Asimismo, sanciona con responsabilidad los nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a quienes hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes, parejas en relaciones análogas, parientes consanguíneos, o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta incluye sanciones a personas y empresas que se hubiera beneficiado con actos de corrupción de integrantes del Poder Judicial.
Para las empresas los castigos podrán alcanzar dos tantos de los beneficios obtenidos, e inhabilitación periódica para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de tres meses a 10 años.
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