AGENCIAS.- Los Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrán revisar celulares y computadoras de los viajeros sin necesidad de una orden judicial.
Esto luego de un fallo judicial que revirtió una orden emitida en el tribunal de distrito en Massachusetts de que debía existir una duda razonable para que agentes de CBP y del ICE registren estos dispositivos de los viajeros de acuerdo con Latinus.
En 2017 la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) presentaron una inconformidad a nombre de 11 viajeros internacionales de los cuales 10 eran ciudadanos y uno, residente legal a quienes se les revisaron sus dispositivos y algunos fueron incautados.
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De acuerdo con los demandantes, con dichas acciones se violaba la Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución, al derecho a expresión y a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria, respectivamente.
“El Tribunal declara que las políticas de CBP e ICE para búsquedas ‘básicas’ y ‘avanzadas’, tal como se definen actualmente, violan la Cuarta Enmienda a medida en que las políticas no requieran una sospecha razonable de que los dispositivos contienen contrabando para ambas clases de búsquedas no censurados y/o incautación de dispositivos electrónicos”, indicó entonces el foro, que hoy fue revocado por otro superior.
Pese a que el caso aún no se resolvía durante la pasada administración aumentaron los registros de dispositivos pues pasó de 30 mil 200 durante el año fiscal 2017 a cerca de 40 mil 913 en el 2019.
“Las exigencias de una orden judicial, y los retrasos en que incurriría, podrían paralizar los esfuerzos de las agencias de prevenir delitos relacionados con la frontera y proteger este país de amenazas a la seguridad nacional”, señala la decisión de la jueza Sandra Lynch, emitida a nombre del panel de tres jueces del circuito de apelaciones.
Indicó además el panel de jueces que no encontraron que haya enmiendas a la Constitución como reclamó la demanda en 2017.
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