Adultos mayores deportados enfrentan el reto de reiniciar su vida en Tijuana

Después de residir y trabajar durante décadas en Estados Unidos, decenas de connacionales de la tercera edad enfrentan una realidad compleja al ser repatriados: reiniciar su vida en Tijuana lejos de sus núcleos familiares, con afectaciones de salud y un acceso sumamente limitado al mercado laboral formal.

La transición resulta crítica para quienes construyeron un patrimonio y una rutina en territorio estadounidense. Al ser enviados a la frontera, se encuentran con un entorno ajeno y sin redes de apoyo inmediatas que faciliten su reintegración social y económica.

El papel de los albergues en la frontera norte

Organizaciones de la sociedad civil han documentado un flujo constante de personas repatriadas que superan los 60 años. Claudia Portela, administradora del Proyecto Salesiano, explicó que una proporción considerable de los usuarios atendidos fueron asegurados por autoridades migratorias mientras desempeñaban oficios como jardinería o atención en comercios locales en California y otros estados.

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El Desayunador Salesiano entrega alrededor de 700 raciones de alimento al día a población vulnerable en la ciudad. Cerca del 50 por ciento de las personas que acuden son migrantes deportados, entre los cuales destaca la presencia de adultos mayores que recurren a los servicios asistenciales para cubrir necesidades básicas de alimentación, aseo y comunicación con sus familias.

Muchos de ellos utilizan las líneas telefónicas del albergue para mantener contacto con sus hijos o cónyuges, quienes continúan radicando del otro lado de la frontera sin posibilidad de reunirse en territorio nacional.

Barreras de salud y reinserción económica

El acceso a un empleo remunerado representa el mayor obstáculo para este sector demográfico. La combinación de edad avanzada y padecimientos crónicos reduce drásticamente las opciones de contratación formal en la región de Tijuana.

De acuerdo con los representantes del albergue, las escasas vacantes disponibles para adultos mayores suelen limitarse a puestos de vigilancia o seguridad privada, donde se les exige permanecer de pie durante turnos completos, una exigencia física incompatible con sus condiciones de salud.

Activistas y defensores de derechos humanos señalan que este fenómeno se ha sostenido de forma continua durante al menos los últimos tres años, lo que evidencia la urgencia de políticas públicas binacionales enfocadas en la atención geriátrica y la inclusión laboral para personas repatriadas en edad de retiro.