Activistas se manifiestan en Tijuana previo a fallo clave sobre corridas de toros

A escasas horas de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) resuelva la suspensión definitiva del juicio de amparo que mantiene en vilo la corrida de toros programada para este domingo 5 de julio de 2026, integrantes de diversas organizaciones animalistas se manifestaron en Tijuana para exigir un fallo con perspectiva de bienestar animal.

La protesta surge en medio de la incertidumbre por la publicidad que ya circula en redes sociales anunciando la “Gran Corrida Inaugural de Toros” en las instalaciones del Nuevo Toreo de Tijuana, un evento que ha reactivado el debate social y legal en la región fronteriza.

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El argumento legal: Reformas constitucionales en Baja California

Durante la movilización, la abogada litigante y activista, Ilse Carolina Vázquez, explicó que el propósito de la concentración es recordar a los magistrados las recientes modificaciones al marco legal. Vázquez enfatizó que las corridas de toros permanecieron suspendidas en la ciudad durante tres años gracias a diversos juicios de amparo.

“Recientemente se reformó el artículo 4 de la Constitución Federal, incorporando el deber del Estado de proteger a los animales. Asimismo, en Baja California se reformó el artículo 7 de la Constitución local para reconocerlos como sujetos de derechos y de especial protección”, puntualizó la litigante.

A pesar de estos avances, la activista señaló que existe una marcada contradicción jurídica en la entidad, ya que persisten reglamentos locales antiguos que aún permiten el desarrollo de espectáculos taurinos.

Solicitan investigación al Ministerio Público Federal

El caso ha sumado tintes políticos y administrativos. De acuerdo con Vázquez, la suspensión provisional vigente, otorgada por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, impide al Ayuntamiento de Tijuana revocar el permiso de la empresa organizadora, pero no analizó a fondo el impacto negativo hacia los animales.

Ante esto, la activista reveló que acudió ante el Ministerio Público Federal para presentar un escrito formal. El objetivo es que se investigue la autenticidad del permiso municipal utilizado en el expediente del amparo, esto luego de que exfuncionarios locales manifestaran públicamente desconocer la existencia de dicha licencia.

El bloque de organizaciones civiles hizo un llamado a la comunidad legal de Tijuana y San Diego, así como a la ciudadanía en general, a sumarse a la defensa jurídica de los derechos animales, advirtiendo que las movilizaciones continuarán durante todo el proceso judicial.