Abogados de Tijuana rechazan posgrado obligatorio en materia familiar

Posgrado en materia familiar es el nuevo requisito que el Colegio de Abogados de Tijuana cuestionó públicamente tras un acuerdo emitido por el Poder Judicial del Estado, al considerar que esta medida excede las facultades de la autoridad judicial, afecta el libre ejercicio de la abogacía y podría encarecer los litigios para la población.

Durante una rueda de prensa, integrantes del organismo expresaron su rechazo a la disposición que obligaría a las y los abogados a contar con estudios de maestría, doctorado o especialización con cédula para poder litigar en asuntos familiares. El presidente del colegio, Daniel Avitia Beltrán, sostuvo que el marco legal vigente no establece ese nivel de exigencia académica como condición para ejercer en esa área.

El posicionamiento se da en un contexto en el que los procesos familiares abarcan temas de alta sensibilidad para la ciudadanía, como pensión alimenticia, custodia de menores, convivencia y pérdida de la patria potestad. Para el gremio, imponer un filtro adicional de este tipo podría reducir el número de profesionistas disponibles para atender estos casos y, en consecuencia, elevar los costos para quienes buscan acceso a la justicia.

Avitia Beltrán señaló que actualmente ya existe un mecanismo de control a través del padrón judicial, donde se verifica que quienes intervienen en procesos cuenten con cédula profesional. A su juicio, ese registro ya cumple con la función de garantizar que sólo personas acreditadas litigen ante los tribunales.

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Posgrado en materia familiar y acceso a la justicia

El debate sobre el posgrado en materia familiar no sólo se centra en los requisitos para ejercer, sino también en las consecuencias que podría tener para usuarios del sistema judicial. De acuerdo con el Colegio de Abogados, pedir estudios adicionales de al menos tres años implica una barrera de entrada para quienes ya ejercen en el área con base en su formación profesional y experiencia práctica.

Desde esa perspectiva, el nuevo requisito podría impactar directamente en el costo del litigio familiar. Los abogados advirtieron que si disminuye la oferta de profesionistas habilitados para llevar este tipo de asuntos, también aumentará el precio de los servicios jurídicos, y eso terminaría afectando a las personas que enfrentan procesos legales relacionados con su vida familiar.

Otra de las críticas planteadas es que un grado académico no necesariamente garantiza especialización real. El colegio sostuvo que buena parte de las herramientas para una defensa adecuada en materia familiar se construyen en la práctica diaria, en la experiencia ante tribunales y en el conocimiento concreto de los casos.

También señalaron una contradicción en la postura del propio Poder Judicial. Por un lado, dijeron, la institución impulsa capacitaciones sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; por otro, establece un requisito que, desde su visión, limita la participación de quienes ya se preparan para esa transición.

Cuestionan facultades del Poder Judicial

Uno de los puntos centrales del posicionamiento del Colegio de Abogados de Tijuana es que el Poder Judicial no tendría facultades para imponer un requisito que no está previsto de manera expresa en la legislación vigente.

Para el organismo, exigir maestría, doctorado o especialidad con cédula va más allá de lo que marca el marco jurídico y abre la puerta a restricciones que podrían afectar el ejercicio libre de la profesión.

Posgrado en materia familiar podría reducir abogados disponibles

Los litigantes explicaron que más de mil abogados ya participan en cursos en línea sobre el nuevo código, además de otros que acuden a capacitaciones presenciales en Ensenada. En ese contexto, consideraron que imponer un nuevo candado resulta contradictorio y poco funcional.

Finalmente, reiteraron que mantendrán su postura contra cualquier medida que, a su juicio, limite el trabajo profesional y complique el acceso a la justicia para la ciudadanía, sobre todo en asuntos familiares donde las personas requieren atención legal oportuna y accesible.