AGENCIAS.- 12 policías Estatales son los presuntos culpables de la masacre de Tamaulipas donde 19 personas fueron asesinadas y carbonizadas, entre ellos migrantes confirmó la fiscalía de la entidad.
“En los hechos ocurridos el 22 de enero, participaron al menos 12 elementos de la policía estatal por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control del estado órdenes de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos: homicidio calificado, abuso de autoridad, de desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad”, indicó Irving Barrios Mojica, titular de la dependencia ministerial.
Las órdenes ya fueron cumplimentadas y en cuestión de horas 11 hombres y una mujer serán puestos a disposición de la autoridad judicial, quien será la responsable de determinar su situación jurídica debido a que la escena fue alterada porque no se localizaron casquillos y municiones correspondientes a los impactos que presentaba el vehículo tipo pick up, así como contradicciones en el reporte policial con las entrevistas de los oficiales que tuvieron conocimientos de los hechos.
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Algunas de las víctimas ya fueron identificadas, entre ellas está Jesús N, de nacionalidad mexicana, quien reclamó una camioneta Toyota, Sequoia, 2008, que estaba en el sitio de Escobedo, Nuevo León, donde fueron rescatados 66 extranjeros en diciembre pasado. El otro mexicano es Daniel “P”, oriundo de San Luis Potosí, quien se dedicaba al tráfico de migrantes, según obra en averiguaciones ministeriales. En tanto, los migrantes de Guatemala son Élfego R.M., así como Marvin A. T.
Se han enviado 29 muestras genéticas para corroborar la identidad de las otras víctimas, de ese total, cuatro fueron analizadas para identificar a dos personas de nacionalidad guatemalteca. Mientras se sigue con el análisis de las 25 pruebas restantes para determinar quiénes son las otras 15 víctimas.
“Dentro de las diversas líneas de investigación, cobran relevancia y continúan desarrollándose, la posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y por ende, el tráfico de migrantes; así como, que el día de los hechos, participaron más vehículos en los que, presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a Estados Unidos, tanto de Guatemala como de El Salvador y en uno de los cuales se encontraban sujetos armados que daban protección y seguridad al mencionado grupo”, indicó Irving Barrios Mojica, fiscal de Tamaulipas.
Las penas que enfrentarían los agentes, si son hallados culpables por homicidio calificado, irían de 20 a 50 años por cada una de las víctimas. En el caso de los delitos cometidos por servidores públicos, como el abuso de autoridad y la falsedad de declaraciones, son considerados menores y la sentencia máxima sería de siete años.
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