TIJUANA.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila anunció que se giraron instrucciones a la consejería jurídica del Estado para revisar las responsabilidades penales que podrían tener exfuncionarios que otorgaron permisos de construcción en Zonas de Alto Riesgo.
De acuerdo con el consejero jurídico, Juan José Pon, el código penal establece penas para las personas que atenten contra el desarrollo urbano y se castiga hasta con 9 años de prisión “a quien haya dado permiso en controversión al atlas de riesgo”.
Avanza deslizamiento en el fraccionamiento La Sierra
De acuerdo con las autoridades estatales, se trabajará en coordinación con el Ministerio Público para llevar a cabo el análisis de todas las licencias que se autorizaron.
En la conferencia matutina de la gobernadora, se hizo la invitación a los ciudadanos afectados por los deslizamientos para que acudan a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias necesarias.
De momento no hay ninguna denuncia de este tipo ante las autoridades mismas que trabajarán en mesas de trabajo para analizar los permisos que se han dados, sobre todo aquellos en zonas que el Atlas de riesgo contempla como peligrosas.