SEMEFO Rosarito: vecinos de Lomas del Coronado rechazan instalación

La posible instalación del SEMEFO Rosarito en un inmueble del fraccionamiento Lomas del Coronado generó rechazo entre residentes de esa zona habitacional, quienes aseguran que el proyecto no cumple con los lineamientos urbanos y tampoco cuenta con el consenso vecinal que, afirman, exige la normatividad aplicable.

Habitantes del fraccionamiento se manifestaron para exigir que el Poder Judicial de Baja California revise el caso y garantice el cumplimiento de la ley. La principal inconformidad no se centra en la existencia del Servicio Médico Forense en Playas de Rosarito, sino en la ubicación elegida para su eventual operación.

De acuerdo con Jael Mijares Victorius, presidenta del comité de vecinos, los residentes revisaron documentación oficial relacionada con el predio y detectaron elementos que, a su juicio, impiden que el inmueble funcione como área forense. Señaló que el llamado es a que las autoridades transparenten el proceso y aclaren bajo qué condiciones se pretende habilitar ese espacio.

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SEMEFO Rosarito: vecinos cuestionan uso de suelo, requisitos y ubicación del proyecto

La controversia por el SEMEFO Rosarito comenzó luego de que residentes tuvieran conocimiento de que en el inmueble podría habilitarse un área para el Servicio Médico Forense. Según expusieron, el documento de uso de suelo emitido por la Dirección de Administración Urbana establece que el predio está destinado únicamente a velatorio municipal, sin contemplar funciones propias del SEMEFO Rosarito. A esto se suma que, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 2021-2040, el terreno está clasificado como equipamiento condicionado y de uso restringido, lo que implica requisitos específicos antes de cualquier cambio o ampliación de funciones relacionadas con el SEMEFO Rosarito.

Entre esas condicionantes, los vecinos mencionaron dos puntos clave: contar con el aval del 50 por ciento más uno de los residentes y presentar un estudio de impacto vial. Hasta ahora, sostienen que ninguno de esos requisitos ha sido cumplido ni dado a conocer de manera formal a la comunidad.

Además del aspecto legal y urbano, residentes expusieron preocupaciones prácticas. Señalaron que la zona ya enfrenta complicaciones de movilidad y falta de espacios de estacionamiento, por lo que el funcionamiento de un servicio de esta naturaleza podría agravar las condiciones del entorno inmediato.

Vecinos de Rosarito piden que se respete el uso de suelo

La postura del comité vecinal es que el proyecto debe detenerse hasta que haya claridad jurídica y administrativa. Los colonos insistieron en que no se oponen a que Rosarito cuente con un Servicio Médico Forense, pero consideran que su instalación en una zona habitacional requiere una revisión más amplia y el cumplimiento puntual de las reglas.

También recordaron que el inmueble anteriormente operó como centro comunitario, por lo que ahora observan con preocupación el cambio de funciones sin una consulta suficiente con quienes viven en los alrededores.

SEMEFO Rosarito operaría en espacio del DIF, según autoridades

Por su parte, el director estatal del Servicio Médico Forense, César González, informó que ya existe un convenio firmado para operar en ese lugar, aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida para el inicio de actividades.

Explicó que el proyecto contempla la adecuación de un cuarto frío, cuya construcción podría concluir en aproximadamente un mes. Sin embargo, precisó que la entrada en funciones dependerá de trámites administrativos posteriores.

El funcionario indicó que la propuesta es trasladar operaciones a un espacio del Sistema DIF, donde laborarían únicamente dos médicos legistas y un auxiliar administrativo. Añadió que no se modificaría la operación actual del velatorio, que ya funciona como funeraria desde hace tres años, y que con este esquema se busca reducir hasta en un 30 por ciento los costos para las familias.

Mientras tanto, el caso sigue abierto entre dos posturas: la de autoridades que defienden el proyecto como una alternativa operativa para el municipio, y la de residentes que exigen información clara, apego a la normatividad y respeto al carácter habitacional de la zona.