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Policiaca

Revela FGEBC detalles sobre privación de la libertad de inspectores del IMOS

La fiscal María Elena Andrade Ramírez explicó el modus operandi del comando armado que interceptó a los funcionarios y rechazó favoritismos en la velocidad del rescate.

Alejandra Guerra16 de junio de 2026Policiaca

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) dio a conocer los avances en torno a la privación de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), ocurrida el pasado 10 de junio en el municipio de San Quintín. Las víctimas fueron localizadas con vida tras un despliegue de seguridad en la región.

La titular de la institución, María Elena Andrade Ramírez, detalló el modus operandi de los presuntos responsables y el desarrollo de las diligencias que permitieron ubicar a los servidores públicos en una zona despoblada del estado.

El origen del incidente en San Quintín

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los trabajadores del IMOS, de 45 y 35 años de edad, concluían un operativo enfocado en la regulación del transporte de pasajeros conocido localmente como “raiteros”. Al emprender el regreso, fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 15 personas armadas que viajaban a bordo de múltiples camionetas tipo pick-up.

Los agresores obligaron a descender a los empleados del vehículo oficial y privaron de la libertad a dos de ellos, incluido el hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave. El resto del personal permaneció en el sitio y posteriormente aportó los primeros testimonios para abrir la carpeta de investigación.

Operativo de búsqueda y localización en San Vicente

Tras recibir la denuncia por parte de la dirección de la paraestatal, se activaron células de búsqueda integradas por la FGEBC, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

“Las labores fueron complejas debido a que se trata de una zona despoblada, con escasa videovigilancia”, indicó la fiscal general.

El operativo incluyó patrullajes terrestres, cateos en inmuebles sospechosos y sobrevuelos en helicóptero. Tras la presión ejercida por las corporaciones, los captores abandonaron a las víctimas con los ojos vendados y las manos atadas en las inmediaciones de San Vicente. Ambos inspectores caminaron hasta encontrarse con las unidades de seguridad, donde recibieron atención médica y psicológica antes de rendir su declaración formal ante el Ministerio Público.

Durante las intervenciones de las fuerzas del orden en la periferia de la zona, se logró el aseguramiento de:

  • Armas de fuego.
  • Cartuchos útiles y cargadores.
  • Equipo táctico diverso.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registran personas detenidas por estos hechos, pero los inmuebles y objetos asegurados forman parte del análisis pericial.


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Fiscalía descarta trato preferencial en el caso

Ante los cuestionamientos de la opinión pública respecto a la celeridad con la que se resolvió el caso en comparación con otras desapariciones en la entidad, Andrade Ramírez rechazó la existencia de favoritismos o un trato diferenciado hacia las familias de los afectados.

La funcionaria estatal precisó que la rapidez de la respuesta se debió a las características del evento, el cual ocurrió en pleno ejercicio de funciones públicas y ante múltiples testigos presenciales que aportaron datos específicos e inmediatos sobre las características de los vehículos implicados. La fiscal reiteró que las investigaciones continúan abiertas para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del ataque.


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